Nada de lo que sucede en el país es improvisado; seguramente responde a una estrategia maquiavélica planeada con el ‘principio guanumeño’ de correr la línea ética. Nada es fortuito, sino que ha sido maquinado desde hace tiempo por la izquierda para producir resultados a su favor en la contienda electoral por el parlamento y la presidencia. El alza desmedida del salario mínimo, el deterioro del sistema de salud, la contratación exagerada de empleados estatales, el enfrentamiento con el presidente Trump, el debilitamiento de la Fuerza Pública y otras perlas solamente responden a un objetivo: crear las condiciones para imponer una asamblea constituyente.
El poder Legislativo y las altas cortes han jugado un papel muy importante frente a propuestas desafortunadas del Gobierno que buscaban un cambio, no para favorecer al pueblo colombiano, sino para doblegarlo y controlarlo, tal como sucede en los regímenes totalitarios. Las reformas a la salud, pensional, tributaria, política, laboral y de emergencia económica tuvieron sus grandes tropiezos, pero con el empleo de una narrativa populista de exagerar los avances logrados en el Congreso y de victimizarse ante los frenos impuestos por las Cortes o el Parlamento, les ha permitido culpar a estas instituciones de los yerros cometidos por el Gobierno y sus nefastas consecuencias en la población.
La cereza del pastel la han colocado con el incremento arbitrario del salario mínimo, medida con la cual buscan congraciarse con 2,4 millones de personas que ganan el mínimo y con 11,3 millones que, según el DANE, ganan menos del mínimo, lo cual sin duda se reflejará en la intención de voto. Parece que están jugando al ‘con cara gano yo y con sello pierde usted’, puesto que el Consejo de Estado, al frenar la decisión política de imponer un incremento que hasta supera las aspiraciones de los sindicatos, le sirve a la izquierda para argumentar que esto sucede por decisión de la ‘oligarquía’, buscando que se genere un enfrentamiento social y una votación masiva en favor de los candidatos de izquierda.
Parece que el Gobierno quiere incendiar el país y, en rechazo a la decisión del Consejo de Estado de dejar en pausa el decreto del salario mínimo, así como argumentando que los trabajadores deben salir a marchar por la defensa de sus derechos, en la más pura orden castrochavista se ordena que el martes 17 de febrero sea un Día Cívico, pero lo que probablemente buscan con el inicio de la famosa consulta popular es aprovechar la alcaldada del día sin trabajo, con una audiencia cautiva en las plazas, para obtener las firmas que requieren para citar una asamblea constituyente, buscando darle la estocada final a Colombia y transformar el país a la medida del socialismo del siglo XXI, para perpetuar a la izquierda en el gobierno.
Lo paradójico de la situación que estamos viviendo es que quien ha sido elegido para guiar al poder Ejecutivo y que juró cumplir la Constitución y las leyes esté incumpliendo el artículo 188 de la misma que reza: “El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y, al jurar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, se obliga a garantizar las libertades y los derechos de todos los colombianos”, pues a lo largo de los tres años y medio de su Gobierno claramente se observa que ha gobernado solo para una parte de la población.
Es difícil entender que las promesas de campaña política no se cumplan y que no exista un poder que los llame a rendir cuentas; lo prometido en 2018 y en 2022 son palabras que se las llevó el viento, así como los compromisos grabados en mármol los borró el tiempo. Se menciona que en nueve oportunidades el candidato Petro prometió no convocar una asamblea constituyente, diametralmente opuesto a lo manifestado públicamente; no ha logrado la paz y no ha renunciado, no ha nombrado a los más capaces sino a sus afines ideológicos, no ha sabido manejar los recursos del Estado y estamos enfrentando una crisis financiera. A su gerente de campaña, la Fiscalía le imputará cargos por, posiblemente, superar los topes y no se aplica el artículo 109 de la Constitución.
Es claro que muchas de las promesas políticas no se cumplen, sino que son empleadas para atraer incautos y lograr votos, así como el empleo de estrategias sucias para ganar adeptos le hace zancadilla a la democracia. Una asamblea constituyente será el palo en la rueda a las libertades y el camino expedito al socialismo para que se aferre al poder.
El voto es el instrumento que permitirá el verdadero cambio. Con familiares, amigos y conocidos debemos cumplir el deber de todo buen ciudadano de asistir a las urnas para expresar nuestra voluntad, sin coacciones ni amenazas, para elegir un Congreso que legisle en beneficio de todos los colombianos y rescate el país del abismo al que nos está empujando la ideología gobernante.
