El estado del césped del estadio El Campín ha llegado a niveles preocupantes. Millonarios y Santa Fe, los clubes que alquilan el escenario, han denunciado el deterioro de la grama y han señalado directamente a Sencia, el concesionario privado encargado de la modernización y operación del complejo.
Gustavo Serpa, presidente de la junta de Millonarios, lo expresó con contundencia: según su versión, el concesionario no asume responsabilidad por el estado del pasto tras las intervenciones realizadas y limita su actuación a “poner” la grama sin garantizar su mantenimiento, dejando a los clubes la carga de aceptar el campo tal como está y asumir las consecuencias deportivas y económicas. Esa situación resulta inaceptable para quienes deben competir en condiciones profesionales. Incluso, los equipos profesionales de Bogotá se han visto obligados a cancelar partidos por la negligencia de Sencia.
El deterioro del césped se vincula de manera directa con la política de Sencia de multiplicar eventos —conciertos y otros espectáculos— con el fin de aumentar ingresos. Frente a estas críticas, el presidente de Sencia atribuyó el problema al clima; sin embargo, otras canchas de la ciudad no han sufrido el mismo desgaste por las mismas lluvias, lo que sugiere que la gestión del concesionario tiene un rol central en el problema.
Hay un elemento estructural que agrava el conflicto: El Campín es, por su capacidad, un monopolio natural en la ciudad. Escenarios con su capacidad son escasos en Bogotá, por lo que su explotación no puede dejarse exclusivamente a las reglas del mercado, sin supervisión ni regulación estatal, que proteja el interés público y deportivo.
Para dirimir la controversia, corresponde evaluar cuánto sería un precio justo por un estadio en condiciones óptimas y si las tarifas actuales cubren una operación responsable. La inversión prevista en la remodelación —estimada alrededor de $2,4 billones bajo el modelo de Asociación Público-Privada— incluye múltiples obras y no se circunscribe únicamente al campo de juego. Sin embargo, usando comparables internacionales, un estadio internacional para 50.000 espectadores puede valorarse entre 150 y 270 millones de dólares, lo que, en términos locales, implicaría arriendos anuales compatibles con los retornos que ya recibe el concesionario solo por la explotación futbolística.
Si Sencia hoy cobra por partidos profesionales aproximadamente 400 millones de pesos y obtiene ingresos recurrentes solo por fútbol cercanos a las cifras necesarias para justificar la inversión, queda claro que el deseo de aumentar utilidades mediante espectáculos paralelos no puede prevalecer sobre la obligación básica de garantizar un césped apto para jugar. Es legítimo que el concesionario busque diversificar ingresos, pero ello debe hacerse sin sacrificar la función principal del estadio: ofrecer un terreno de juego seguro y en condiciones profesionales.
En conclusión, si Sencia quiere “ganar unos pesos de más”, debe hacerlo garantizando un escenario apropiado para el fútbol. La autoridad distrital y los clubes deben exigir que el contrato y la regulación garanticen responsabilidades claras sobre el mantenimiento del césped y sanciones efectivas cuando las condiciones pongan en riesgo la práctica deportiva. Sería oportuno que Claudia López opine, como gestora del contrato de concesión, sobre cómo preservar el patrimonio deportivo de la ciudad y equilibrar la lógica comercial con el interés público.
