La vigilancia del gasto público comprende la supervisión del uso y la destinación de los recursos estatales conforme a las reglas de la administración pública, mediante el examen de su ejecución y registro en asuntos del orden presupuestal, institucional y operativo. En Colombia, esta función corresponde principalmente a la Contraloría General de la República y a las contralorías territoriales, tanto respecto de recursos administrados por entidades estatales como de aquellos ejecutados por particulares vinculados con el Estado. Esta función se justifica por la necesidad de verificar que su gestión se ajuste a parámetros de eficiencia, transparencia y responsabilidad, así como por la necesidad de identificar riesgos, irregularidades o hechos con posible incidencia en detrimento patrimonial.
Esta labor se ha desarrollado mediante auditorías, revisiones documentales y actuaciones técnicas adelantadas por funcionarios públicos. Sin embargo, la digitalización de la administración pública ha modificado las herramientas y metodologías empleadas, de manera que la inteligencia artificial y el análisis masivo de datos han comenzado a ser estudiados para el procesamiento de amplios volúmenes de información financiera, presupuestal o contractual. En todo caso, tales herramientas no sustituyen la función del auditor ni su juicio técnico, sino que operan como instrumentos de apoyo para hacer más eficaz el control fiscal, al permitir la organización y correlación de datos, la detección de irregularidades o patrones atípicos y la priorización de riesgos o hallazgos con posible incidencia sobre el erario.
La utilización de estas herramientas resulta necesaria cuando el volumen, la complejidad o la dispersión de la información exigen mayores capacidades de procesamiento. En ese marco, la minería de datos permite identificar patrones, relaciones o anomalías en información financiera, presupuestal, contractual o administrativa. Su uso, al igual que el de la inteligencia artificial, debe sujetarse a los principios de legalidad, debido proceso y responsabilidad fiscal. En Colombia, la falta de una regulación específica sobre la materia plantea exigencias de trazabilidad, transparencia operativa y supervisión humana. Por ello, estas herramientas solo pueden emplearse como apoyo en la vigilancia del gasto público bajo reglas definidas y mecanismos institucionales de control.