Las grabaciones divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol muestran a un Gobierno al servicio del crimen. Cese de bombardeos y limpieza en la inteligencia policial ofreció el comisionado de paz al Clan del Golfo. La obscena propuesta es aun más indignante porque ocurrió apenas tres semanas después de la posesión de Petro. ¡Qué celeridad para atender a los criminales! A los wayús les prometieron agua y nunca les cumplieron. Fue un pretexto para el desfalco de la UNGRD.
Iván Velásquez fue el ministro de Defensa durante 30 meses, desde el inicio del Gobierno hasta principios del año pasado. Necesitamos conocer, con documentos y grabaciones en la mano, cuál fue su actuación en relación con el Clan del Golfo, el ELN y otros grupos armados. Él debe revelar voluntariamente todo lo que sabe, pero no en un comunicado, sino creando una página web de toda la información reservada. Es lo menos que puede hacer una persona que hasta cuando llegó al Gobierno de Petro tenía fama de combatir el crimen.
Como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia entre 2006 y 2012, Velásquez investigó las relaciones entre congresistas y paramilitares y logró la condena de más de 50 políticos. En 2012, la Asociación de Jueces Alemanes lo galardonó por su papel en la lucha contra la impunidad. Velásquez fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, escogido para ese cargo por la ONU. Parecía que Velásquez combatía el crimen con compromiso indeclinable. Paradójicamente, se pueden documentar y concretar sus actuaciones como magistrado auxiliar, pero habiendo llegado a ser jefe de las Fuerzas Militares y de Policía, nunca se supo de manera específica a cuáles criminales combatió.
Tenemos derecho a exigir que un funcionario que ganó importantes batallas contra el crimen ponga a disposición de la opinión pública todo lo que hizo como ministro. El propio Velásquez en una entrevista de hace 15 años lo dijo con claridad: “Uno de los problemas graves que hemos tenido en el país es que hay ciertas investigaciones que no se realizan o que, cuando se sabe que van a llegar a determinadas partes, se frenan, como fue la relación de la fuerza pública con Los Pepes”. Exactamente, esa relación con Los Pepes debió conocerse. Ahora debe conocerse la relación del ministro Iván Velásquez con las disidencias, con el Clan del Golfo y con todos los grupos armados.
Afirmó acertadamente Iván Velásquez en la entrevista citada: “El poder siempre quiere ocultar la verdad. Reivindico el derecho de la sociedad a tener la verdad. Debemos movernos en torno a la verdad. Preferible la verdad a la justicia”. Tenemos derecho a saber si, en cuanto a la paz total y frente a sus demás actos como ministro, obró dentro de la ley. Por eso, Iván Velásquez debe revelar todos los mensajes de su cuenta de WhatsApp durante los 30 meses en que fue ministro, debe publicar todos los correos electrónicos con Petro y con otros funcionarios, debe divulgar toda la información reservada que conozca, debe explicar cuáles fueron los motivos para destituir a 35 generales el 12 de agosto de 2022. No necesitamos el dato de cuántos miembros del Clan del Golfo fueron capturados o dados de baja. Necesitamos la verdad. Porque el poder siempre quiere ocultar la verdad.
Iván Velásquez va a tener mucho tiempo libre. El 28 de mayo, el candidato Iván Cepeda anunció que Iván Velásquez, hoy embajador ante la Santa Sede, “liderará nuestro Sistema Nacional Anticorrupción”. Ya no sucederá. Está en manos de Iván Velásquez decidir si quiere ser recordado como un funcionario que inicialmente combatió el crimen y luego participó en actuaciones oficiales destinadas a complacer a la criminalidad organizada. Está en sus manos decidir si fue un héroe con pies de barro. Está en sus manos decidir si terminó su carrera pública como cómplice de episodios de impunidad dignos de la más sórdida historia de Guatemala. Hoy los ciudadanos colombianos somos los jueces de Iván Velásquez. Debe revelar espontáneamente todo lo que sabe. Él ha dicho: “Yo estoy en contra de que a la prensa se le impida el conocimiento aun de las actuaciones judiciales”. No tenemos por qué esperar filtraciones de audios. El país necesita saber. ¿O nos obligará a concluir que también en su caso el poder siempre quiere ocultar la verdad? Ojalá su respuesta no sea una invitación a jugar a los congelados.