La democracia colombiana se encuentra hoy en grave riesgo. La única vía legítima y viable para impedir que el actual presidente y sus aliados continúen en el poder es derrotarlos en las urnas en las elecciones de 2026. Esto exige que los colombianos lleguemos absolutamente unidos, no solo alrededor de un candidato presidencial sólido, sino también con una estrategia electoral clara que garantice la victoria.
La unidad permitiría ganar en primera vuelta, prevista para mayo de 2026, y evitar una segunda vuelta en junio, escenario en el que la desunión podría favorecer al candidato que represente la continuidad del proyecto político de la llamada “paz total”, hoy encarnado por Iván Cepeda. Llegar fragmentados a esa instancia sería un error estratégico de enormes consecuencias para el país.
Por esta razón, resulta fundamental plantear la necesidad de una consulta interpartidista en el mes de marzo, que coincida con las elecciones al Congreso de la República, con el fin de escoger un candidato presidencial único. Este mecanismo fortalecería la legitimidad del candidato, permitiría consolidar mayorías en el Congreso y aumentaría significativamente las posibilidades de obtener la Presidencia de la República.
Salvo las excepciones ya conocidas de Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella, quienes han manifestado públicamente que no participarían en ningún tipo de consulta, este ejercicio democrático sería clave para garantizar gobernabilidad, estabilidad institucional y la defensa de la democracia colombiana.
Recurrir a una consulta permitiría no solo, como se señaló en el párrafo anterior, la posibilidad de escoger un candidato único que represente la unidad del centro y la derecha, como sectores de oposición al actual Gobierno, sino que además brindaría a los candidatos de los partidos políticos que presentarán listas al Congreso de la República la oportunidad de impulsar una mayor votación.
Es ampliamente conocido que en Colombia la participación electoral en las elecciones al Congreso suele ser baja, debido a la escasa motivación ciudadana. Sin embargo, esta realidad cambiaría de manera significativa si el elector tuviera, en la misma jornada, la posibilidad de escoger al candidato presidencial de su preferencia.
Esto aumentaría de forma indiscutible la participación y fortalecería la votación de las listas al Congreso, garantizando mayorías legislativas, robusteciendo la gobernabilidad y convirtiendo la consulta en una verdadera tercera vuelta para la elección del candidato único a la Presidencia de la República.
La consulta, a diferencia de las encuestas, constituye una decisión directa del ciudadano, quien participa activamente y de manera consciente en la escogencia de su candidato. En contraste, las encuestas se basan en muestras limitadas y aleatorias, en las que un número reducido de personas toma decisiones que no necesariamente reflejan la voluntad mayoritaria del electorado.
Las consultas tienen una importancia fundamental, ya que permiten que los seguidores de un candidato o los simpatizantes de un partido político participen de manera directa en la selección de su aspirante, como decimos en Colombia, con el voto de carne y hueso. En la consulta de marzo, entre varios precandidatos, será elegido uno solo para representarlos, lo que fortalece la legitimidad y la transparencia del proceso democrático.
Asimismo, la consulta permite medir, antes de la primera vuelta presidencial, el respaldo ciudadano con el que cuentan los precandidatos. A través del voto, se puede identificar quiénes tienen mayor potencial para competir con éxito en la primera vuelta e incluso quiénes cuentan con el nivel de apoyo necesario para ganar la elección en esa instancia.
Es fundamental señalar que, antes de acordar una consulta entre varios candidatos, ya sean del centro o de la derecha, debe construirse previamente un acuerdo programático. Este deberá surgir de las mejores propuestas de quienes participen en la consulta, pues no se trata únicamente de elegir personas, sino de tener absoluta claridad sobre el plan de gobierno que representará el futuro presidente del país.
Adicionalmente, dado que la consulta coincidirá con la elección del Congreso de la República, los futuros representantes y senadores tendrán claridad sobre el programa de gobierno que deberán respaldar y defender durante los cuatro años de ejercicio legislativo, fortaleciendo así la coherencia y la gobernabilidad del próximo gobierno.
Las consultas del mes de marzo, ya sean interpartidistas, de candidatos por firmas o una combinación de ambas, permiten que los seguidores de los partidos políticos y los ciudadanos que otorgan su respaldo mediante firmas legitimen al ganador de la consulta y consoliden una alianza política amplia. Esta dinámica aumenta, sin lugar a dudas, las posibilidades de éxito electoral, ya sea en la primera vuelta o, de ser necesario, en la segunda vuelta.
Por el contrario, no existe la misma garantía electoral cuando se pretende escoger un candidato único mediante una gran encuesta realizada cinco o seis meses antes de la primera vuelta. Como decían los abuelos, del afán no queda sino el cansancio. Un candidato elegido exclusivamente por encuesta puede generar errores en el proceso de selección y afectar negativamente la campaña, no solo del aspirante presidencial, sino también de los partidos que lo avalan, incluso con repercusiones desfavorables en la elección al Congreso de la República.
Además, los candidatos que se someten a una encuesta y no resultan ganadores pueden sentirse inconformes y no brindar un respaldo decidido al candidato escogido. Esta falta de cohesión debilita la campaña, impide una verdadera unificación de los sectores políticos y termina otorgando una ventaja clara a los candidatos que sí resultan elegidos mediante consultas en el mes de marzo, mecanismo que deja poco margen de tiempo a sus opositores para estructurar una campaña efectiva en su contra.
Una diferencia fundamental entre una encuesta realizada pocos meses antes de la elección y una consulta en marzo radica en sus efectos jurídicos y políticos. En Colombia, los candidatos que pierden una encuesta no tienen ninguna prohibición legal para inscribirse posteriormente a la primera vuelta, ya sea mediante la recolección de firmas o con el aval de un partido político. En contraste, la consulta popular tiene un carácter vinculante para los movimientos que la convocan. De conformidad con la Ley 1475, los precandidatos que resulten derrotados en una consulta, ya sea por partidos o por firmas, no podrán inscribirse por otro partido o movimiento político para la primera vuelta presidencial.
Este principio, conocido como la cláusula de sello o de lealtad, implica que quien pierde una consulta queda inhabilitado para presentarse nuevamente en la elección presidencial, garantizando así disciplina política, unidad y coherencia dentro de la alianza que participa en el proceso.
Si queremos recuperar la democracia y fortalecer la institucionalidad, logrando una votación masiva tanto para el Congreso de la República por parte de los partidos de oposición como para que un candidato opositor sea elegido presidente de la República, no cabe duda de que la salida más lógica, objetiva y eficaz es la realización de una consulta en el mes de marzo para escoger candidatos únicos, ya sea del centro o del centro-derecha.
La voz del pueblo es la voz de Dios, y esa voz solo se expresa de manera auténtica a través de una consulta popular, no mediante una encuesta.
