Durante décadas, Colombia ha tenido una constante paradoja. A pesar de haber sido uno de los países más violentos de América Latina, ha tenido estabilidad democrática. De hecho, la única interrupción ha sido el golpe de Estado militar en 1953, cuando el general Rojas Pinilla derrocó al presidente Laureano Gómez. Setenta y tres años después, nos enfrentamos a unas alertas que no podemos ignorar.
Los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en How Democracies Die, advierten que las democracias contemporáneas rara vez colapsan por golpes militares. Lo que suele ocurrir es algo más sutil: los líderes elegidos democráticamente comienzan a erosionar las reglas del juego desde dentro, debilitando instituciones, atacando a los árbitros y sembrando desconfianza en el sistema electoral.
Hoy, la democracia colombiana está en riesgo y no precisamente porque se vayan a robar las elecciones de manera directa. Confío en que la Registraduría cumplirá su papel y garantizará elecciones transparentes este domingo. Sin embargo, la transparencia de unas elecciones no depende únicamente del conteo de votos o de la logística electoral. También depende del contexto político, institucional y de seguridad en el que se desarrollan.
Y ese contexto hoy plantea tres preocupaciones serias.
La primera tiene que ver con la seguridad y el control territorial de los grupos armados. En más de 800 municipios del país hay presencia de grupos criminales, y en 150 municipios el control territorial es absoluto. Allí mandan estructuras criminales: disidencias, narcotraficantes y bandas armadas que condicionan la vida cotidiana de las comunidades. En muchos de esos lugares, la libertad del voto es limitada. No son pocos los testimonios de poblaciones donde se vota por quien los grupos armados indican. Cuando el control territorial lo ejercen los criminales, la democracia pierde calidad.
La segunda preocupación es la creciente tensión institucional que ha caracterizado el gobierno de Gustavo Petro. En una democracia el Ejecutivo debe convivir con contrapesos: el Congreso, la justicia y los organismos de control. Sin embargo, durante estos casi cuatro últimos años, el discurso del Gobierno ha estado marcado por una confrontación constante con otras ramas del poder público, pues constantemente está intentando cambiar las reglas de juego. Uno de los episodios más delicados ocurrió durante la elección de la fiscal general, cuando manifestaciones presionaron a la Corte Suprema de Justicia en medio de un ambiente político altamente polarizado. Las instituciones no pueden quedar sujetas a los caprichos de un presidente que se cree emperador.
La tercera alerta es quizá la más inquietante: la siembra anticipada de dudas sobre el sistema electoral. Últimamente el presidente ha puesto en duda la credibilidad de la Registraduría, los formularios E-14 y la transparencia de las próximas elecciones. Cuando desde el poder se empieza a cuestionar al árbitro antes de que comience el partido, el mensaje que queda sembrado es evidente: si el resultado no favorece al Gobierno, el problema será del sistema.
Los tres elementos señalados, la inseguridad física en territorios donde el Estado es débil, la tensión institucional promovida desde el Ejecutivo y la siembra anticipada de dudas sobre el sistema electoral, representan graves amenazas para la democracia colombiana. Pero lo más llamativo es que nada de esto es realmente nuevo. En realidad, estamos viendo repetirse la fórmula política que caracterizó la campaña presidencial de 2022.
En ese momento se habló abiertamente de la posibilidad de un estallido social si el entonces candidato Gustavo Petro perdía las elecciones. Más adelante aparecieron denuncias sobre financiación irregular de campaña que involucraron a su hijo, Nicolás Petro, y se conocieron los llamados petrovideos, en los que el estratega político Sebastián Guanumen hablaba de “correr la línea ética” para atacar a los rivales. Y como si eso no fuera poco, sellaron la victoria con el pacto de La Picota.
A pesar de la gravedad de esos hechos, las consecuencias políticas fueron prácticamente inexistentes. Por eso el momento actual exige atención.
Hoy, ad portas de una nueva campaña presidencial y a pocas horas de las elecciones parlamentarias, el país enfrenta un escenario inquietante: presión territorial de actores criminales, confrontación con las instituciones y una narrativa de desconfianza sobre el sistema electoral. Todo ello acompañado de promesas cada vez más costosas y de una maquinaria política en plena movilización. Petro pretende interferir en estas elecciones gastándose la plata de las pensiones de los colombianos. ¡No hay derecho!
Las democracias rara vez se deterioran de un día para otro. A menudo empiezan a hacerlo cuando las mismas estrategias que ya tensionaron las reglas del juego comienzan a repetirse, pero esta vez desde el poder.