Colombia se acerca, con la parsimonia de quien conoce demasiado bien sus propios abismos, a una encrucijada que no admite medias tintas. Lo que viene no es solo una elección presidencial, sino el momento en que la nación deberá decidir quién es, qué quiere ser y, sobre todo, cuánto más está dispuesta a perder antes de reclamar lo que fue. La hora cero no es una metáfora. Es la antesala de un destino que Colombia todavía puede elegir, aunque cada día que pasa ese margen se estrecha.
Hay una señal que los analistas no deberían pasar por alto y que los políticos deberían temer o celebrar según su conciencia lo indique. En el exterior, donde la distancia suele ser el argumento más cómodo para la abstención, algo ha cambiado de manera dramática. Para estas elecciones presidenciales de 2026, el censo electoral de colombianos en el exterior creció un 45,42 % frente al de 2022. Son hoy 1.414.661 ciudadanos habilitados para votar desde 67 países, distribuidos en 253 puestos y 2.181 mesas de votación. La cifra, por sí sola, ya sería reveladora. Pero lo que ocurrió el primer día de jornada, el 25 de mayo, fue aún más elocuente.
Desde Miami hasta Buenos Aires, desde Barcelona hasta Londres, desde Toronto hasta Atlanta, los consulados colombianos amanecieron con filas que desbordaron toda previsión logística. En Houston y Atlanta, ciudadanos que esperaron horas bajo temperaturas de más de 30 grados reportaron que no alcanzaron a votar antes del cierre. En Miami, las denuncias en redes sociales señalaban una ralentización deliberada del proceso. La Registraduría atribuyó las demoras a la alta asistencia, agravada por coincidir con un día festivo en Estados Unidos. Sea cual sea la causa exacta, el fenómeno subyacente es incontestable: los colombianos que se fueron quieren decidir sobre el país que dejaron. Y esa voluntad, acumulada en cuatro años de mala gestión, no cabe ya en las mesas habilitadas.
Para entender la magnitud del giro, basta comparar con el pasado reciente. En las presidenciales de 2022, de los 972.764 colombianos inscritos en el exterior, sufragaron poco más de 300.000, una participación que no superó el 30 %. En las elecciones de Congreso de 2022, la abstención fue aún más pronunciada en el exterior, con apenas 220.000 votos emitidos para más de un millón de habilitados. Colombia siempre exportó abstencionismo junto con sus migrantes. Hoy ese patrón se está quebrando. La participación en las legislativas de marzo de 2026 ya subió más de tres puntos porcentuales frente a su equivalente de 2022, pasando del 47 % al 50 % a nivel nacional. Y el salto en el censo exterior, de menos de un millón a más de 1,4 millones de inscritos, es el reflejo de una diáspora que ha decidido que ya no puede darse el lujo de mirar desde afuera.
La izquierda más radical, más doctrinal y envalentonada por cuatro años de impunidad institucional, se alista para profundizar el proyecto que comenzó Gustavo Petro, un modelo que ha demostrado con creces su capacidad para desmantelar sin construir, para polarizar sin gobernar, para acusar sin responder. Después de haber conducido al país a una crisis multisectorial de proporciones históricas, ese sector pretende presentarse como solución a los males que él mismo gestó. La lógica es la del incendiario que aspira a ser bombero.
Pero esta campaña también desnudó otra llaga que el país prefiere no mirar, la fragilidad escandalosa del sistema de control electoral. Un esquema condenado a operar en tiempos cortos, bajo reglas lentas, con instituciones que parecen diseñadas para llegar tarde. Ernesto Samper tardó seis años en ser absuelto. A Gustavo Petro apenas ahora, cuatro años después de iniciado su mandato, se le comenzará a investigar formalmente. Ricardo Roa, su gerente de campaña, apenas alcanza la instancia de la imputación. Iván Cepeda, realizando actos multitudinarios después del cierre oficial de campaña, espera en una cola procesal cuya fecha nadie parece conocer —y el debate jurídico sigue abierto sobre si esos eventos fueron concentraciones públicas disfrazadas de actos privados. Si se prueba lo primero, el Consejo Nacional Electoral podría imponer sanciones administrativas y multas sobre la campaña, mientras la Procuraduría tendría motivos para abrir una investigación disciplinaria por el ejercicio de su cargo como senador, aunque ambas rutas, como siempre, llegarán cuando el resultado ya sea inamovible—. Una democracia seria no puede seguir dependiendo de controles que operan en tiempo geológico sobre fenómenos que se mueven a la velocidad de las redes sociales y del dinero oscuro.
La hora cero no da espera. Colombia llega a esta cita electoral agotada, desconfiada y herida, pero todavía con la capacidad de elegir distinto. El problema no es solo a quién elegir, sino si el sistema que rodea esa elección es lo suficientemente robusto para garantizar que el resultado refleje la voluntad real de los ciudadanos y no la habilidad de algunos para burlar sus reglas. En ese doble desafío —la elección del rumbo y la integridad del proceso— se juega algo más que un período presidencial. Se juega la confianza misma en la república. Colombia tiene la palabra. Y esta vez la está pronunciando desde todos los rincones del mundo.