Como sabe bien cualquiera que ha tenido que lidiarlo —o padecerlo—, el sistema judicial colombiano es un trancón operativo constante, en el que las cosas no se mueven nunca a la velocidad que deberían por la saturación del aparato, que excede la capacidad del personal. Durante el último año, los juzgados de la Nación procesaron más de 1,2 millones de acciones de tutela, de las que unas 437.000 —algo más del 35 % de la carga procesal— tuvieron su origen en fallas de la administración pública para contestar a tiempo un derecho de petición.
La ciudadanía utiliza el mecanismo de amparo constitucional no por vulneraciones complejas a sus garantías individuales, sino como un recurso casi normalizado para forzar a una oficina pública a emitir una respuesta formal a una solicitud ordinaria.
Este hecho refleja como pocos —tal vez, como muchos— la persistencia de métodos analógicos dentro del aparato gubernamental. El procesamiento de correspondencia institucional opera bajo esquemas de radicación física o carpetas de correo electrónico desarticuladas, por completo carentes de trazabilidad y automatización. Ante este escenario, Luis Alfredo Gómez, presidente de la empresa pública Innovatech, sugiere una salida en la que la IA puede ser el timonel.
La cosa es así: cuando un requerimiento ingresa por correo electrónico o ventanilla presencial, la falta de una arquitectura de datos unificada impide clasificar, asignar y proyectar las contestaciones dentro de los términos fijados por el artículo 23 de la Constitución Política y el Código de Procedimiento Administrativo. El resultado inevitable de este nudo es una tutela, un mecanismo preferente y sumario con un plazo de resolución legal de diez días hábiles.
Pero esta solución es, a su vez, un problema. Al saturar los despachos judiciales con casi medio millón de trámites anuales motivados por la omisión de respuestas estatales, obliga a los jueces a destinar horas de trabajo a resolver la demora burocrática en lugar de atender causas penales, laborales o civiles de alta complejidad.
A eso se suma que, a diferencia de las entidades de orden nacional y las alcaldías de las grandes metrópolis, que cuentan con la infraestructura informática y presupuestos para sostener plataformas de Gobierno Digital, las administraciones de municipios clasificados en categorías 4, 5 y 6 enfrentan limitaciones financieras que son la definición de severas. A pesar de estas diferencias de capital técnico, el marco regulatorio exige a un municipio pequeño cumplir con los mismos tiempos de respuesta e instrumentos de archivo que a una capital departamental.
Por todo esto, se hace necesario pasar de la digitalización pasiva hacia un modelo activo de procesamiento de datos. La simple conversión de folios físicos a archivos en formato PDF mediante escaneado masivo no resuelve nada, porque solo traslada el desorden analógico a servidores locales. La reestructuración propuesta por Gómez contempla la integración de la normativa archivística del Archivo General de la Nación con herramientas de reconocimiento óptico de caracteres y algoritmos de procesamiento de lenguaje natural alojados en la nube. Un flujo de trabajo optimizado permite identificar la materia del derecho de petición, extraer los datos del remitente, asignar la solicitud a la dependencia competente y generar borradores estandarizados de respuesta para la revisión final del funcionario.
No es algo que vayamos a lograr de la noche a la mañana. La implementación de este esquema informático requiere una hoja de ruta proyectada a diez años. Pero con las actuales posibilidades que da el software como servicio y la presencia en el mercado de aplicaciones de inteligencia artificial generativa cada vez más capaces, esta idea podría hacerse realidad sin exigir grandes inversiones de capital inicial en los municipios periféricos.
Hay precedentes. En el departamento del Valle del Cauca, modelos de intervención enfocados en infraestructura digital permitieron conectar mediante banda ancha a más de 2.000 hogares en áreas rurales de 18 municipios del norte de la región, combinando dicho tendido con software interactivo orientado al fortalecimiento del aprendizaje en escuelas públicas. La aplicación de este enfoque de integración tecnológica al campo administrativo busca transformar la gestión de archivos en un proceso medible e interoperable.
La consolidación de un entorno público digital no es un asunto de adquisición de equipos informáticos, sino de diseño de procesos e interoperabilidad. De no hacer algo, la persistencia de los archivos de papel y la dispersión de canales de atención continuarán erosionando irremediablemente la eficiencia del Estado y saturando los juzgados con litigios evitables.