Lo que el presidente de la República, Gustavo Petro, nunca calculó fue que su anunciado decreto de emergencia económica, hoy ampliamente cuestionado, no solo resulta ilegal, sino también inoportuno, con graves consecuencias para la estabilidad económica y política del país. Más que una verdadera emergencia económica, dicho decreto debería denominarse una emergencia de poder político, derivada de la evidente debilidad que atraviesan sus candidatos, tanto a la Presidencia de la República como al Congreso de la República.
Las encuestas son claras: cerca del 70 % de los colombianos se manifiestan en abierta oposición al llamado gobierno del cambio. En ese contexto, las decisiones adoptadas en los últimos días, todas de marcado carácter populista, lejos de generar respaldo ciudadano, han provocado una fuerte reacción por parte de los líderes regionales, especialmente gobernadores y alcaldes. Con la promulgación de la emergencia económica, se ha demostrado que los principales perjudicados son los departamentos y municipios, pues se debilita directamente la capacidad de los mandatarios locales y regionales para ejercer sus funciones constitucionales.
Esta situación puede interpretarse como una ‘factura de cobro’ contra la mayoría de gobernantes territoriales que no son aliados del actual Gobierno, lo que los ha llevado a declararse en abierta rebeldía o desobediencia frente a un Gobierno que perciben como autoritario. Un Gobierno que, mediante medidas ilegales e inconstitucionales y aprovechando periodos de vacancia judicial, pretende imponer sus condiciones con el objetivo de recuperar un respaldo popular que ha perdido, de cara a las elecciones del presente año.
Esta no es la primera vez que las regiones se oponen a las políticas del actual Gobierno. Basta recordar las elecciones de alcaldes, gobernadores, asambleas y concejos, en las que la oposición obtuvo la mayoría de los cargos de elección popular. Dicho resultado estuvo directamente relacionado con una crisis económica que el Gobierno no supo manejar adecuadamente, pese a los compromisos asumidos durante la campaña presidencial y que nunca se materializaron.
En ese escenario, los partidos de oposición y una ciudadanía que hoy muestra niveles mucho más altos de rechazo al Gobierno lograron derrotar al Pacto Histórico y a los partidos aliados del presidente. Lamentablemente, las intenciones del gobierno no parecen haber cambiado: la prioridad sigue siendo mantenerse en el poder, utilizando todo tipo de estrategias, incluso el fortalecimiento de alianzas con grupos al margen de la ley, que podrían tener una incidencia significativa en las próximas elecciones en beneficio de sus aliados políticos.
A ello se suman decisiones administrativas sustentadas en argumentos jurídicos cuestionables, como la declaratoria de la emergencia económica, la fijación del salario mínimo y otras medidas que podrían adoptarse en medio del desespero por conservar el poder.
Para alcanzar este propósito, tanto el presidente de los colombianos como sus ministros más cercanos han demostrado que poco o nada les importa el bienestar de la ciudadanía y, mucho menos, la legalidad de las decisiones que adoptan. Todas ellas parecen estar orientadas a un único objetivo: permanecer en el poder, incluso si para ello se pone en riesgo la democracia. Y, lamentablemente, ese riesgo ya es evidente.
Hoy, en más de 500 municipios del país, no existen garantías reales para que la oposición pueda ejercer libremente su actividad política de cara a las elecciones de marzo, mayo y junio del presente año. Por ello, no debería sorprendernos que las alianzas del Gobierno con narcoguerrilleros y narcotraficantes, bajo el amparo de la llamada paz total, así como su política de debilitamiento de las Fuerzas Militares, apunten precisamente en esa dirección.
Sin embargo, no deja de causar preocupación que se recurra a medidas abiertamente ilegales cuyo único fin sea asfixiar económicamente a las regiones, centralizar los recursos en el Gobierno nacional y destinarlos a la campaña política en beneficio propio y de sus aliados.
Frente a esta situación, surgió una reacción legítima y patriótica por parte de los gobernadores, encabezada por la Federación Nacional de Departamentos. A esta postura se han sumado alcaldes, diputados y concejales de todo el país, incluidos algunos considerados cercanos al gobierno, generando un fuerte revuelo político contra el intento del presidente Gustavo Petro de centralizar los recursos y ahogar financieramente a las regiones.
Dicho intento vulnera gravemente la autonomía departamental y municipal mediante una declaratoria ilegal de emergencia económica, con la cual se pretende tomar control de los fondos destinados a proyectos regionales, despojando a las entidades territoriales de su autonomía presupuestal. Esta medida tendrá un impacto económico negativo que inevitablemente afectará la estabilidad financiera de los departamentos y municipios del país.
Es importante recordar, aunque pareciera que el gobierno lo ha olvidado, lo ocurrido hace más de dos años, cuando las decisiones políticas del presidente, marcadas por claros afanes autoritarios, le generaron un duro revés electoral. Como consecuencia, la gran mayoría de las gobernaciones y municipios del país quedaron en manos de la oposición.
Hoy, actuaciones similares, como la declaratoria de una emergencia económica, la fijación del salario mínimo o decisiones abiertamente populistas, entre ellas el aumento del precio de la gasolina en el mes de enero para, apenas un mes después, anunciar una reducción, pueden desencadenar una grave crisis de gobernabilidad.
Esta situación llevaría al gobierno a perder el control político sobre las regiones, afectando de manera directa la eficiencia de la administración pública. Lo más relevante es que el electorado, bajo el liderazgo de los mandatarios regionales, cobrará estas decisiones no solo al candidato presidencial del Gobierno, sino también a sus aspirantes al Congreso de la República.
Este escenario se convierte en una oportunidad clave para el fortalecimiento de los liderazgos regionales, especialmente de alcaldes y gobernadores que hoy se oponen a estas medidas impopulares. Dicha oposición encontrará eco en la ciudadanía y tendrá una influencia determinante en las campañas electorales, permitiendo que la oposición, liderada en gran parte desde las regiones, capitalice el creciente descontento social.
Asimismo, esta coyuntura será aprovechada para cuestionar otras decisiones del Gobierno que han atentado contra la descentralización. Sin lugar a dudas, el impacto político más importante será el fortalecimiento de una gran coalición de oposición, capaz de unir a distintos partidos y movimientos independientes que, como ya empieza a evidenciarse en iniciativas como la Coalición por Colombia, podrían presentarse de manera unificada en las elecciones de 2026.
Para alcanzar un resultado positivo, será fundamental difundir información clara y precisa sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno y sus consecuencias en cada región y para la ciudadanía en general. Esto permitirá movilizar la opinión pública a través de los medios de comunicación y las redes sociales, socializando lo que muchos consideran una arremetida del Gobierno contra las regiones.
De esta manera, se podrá consolidar un movimiento sólido de unidad entre gobernadores, alcaldes y ciudadanos, bajo consignas como “Unidos por nuestras regiones” y “Las regiones no se tocan”, reforzando así lo ya logrado: que la mayoría de las gobernaciones y alcaldías del país se encuentren hoy en manos de la oposición.
