Según informes de los expertos, en la actual administración, la deuda pública ha aumentado en cerca de 400 billones de pesos, una suma incluso superior al alza inevitable y más que necesaria derivada de la pandemia. Lejos de utilizar los recursos para una mayor inversión, este Gobierno está utilizando el producto del nuevo endeudamiento para cubrir rezagos y problemas muy serios de caja. El déficit fiscal, casi con certeza, va a cerrar en un 7 % del PIB. Hoy, cerca del 25 % del recaudo se va en atender la deuda pública, pasivo que ha sido contratado a intereses notoriamente superiores a los de países con economías relativamente parecidas a la nuestra, lo que necesariamente hace que haya menos recursos disponibles para la inversión social, el empleo y el crecimiento.
Según el exministro José Manuel Restrepo, “No nos estamos endeudando más barato, sino más caro… el costo de los intereses de la deuda local ha aumentado más de 50 % frente a 2022, mientras que el de la deuda internacional creció más de 35 % en el mismo periodo… hoy Colombia se endeuda en dólares a 10 años a tasas 15 % más altas que Brasil, 43 % más elevadas que Chile y 49 % más altas que México”.
Para el exministro Juan Camilo Restrepo, “el Gobierno Petro está adentrándose en una orgía de endeudamiento para financiar gasto corriente, no inversión productiva”. La parte “tóxica” de la herencia que deja esta administración en relación con el gasto es que se creó una mentalidad de que somos un país que puede gastar más de lo que recauda, financiando ese hueco con deuda cada vez más cara.
La segunda herencia “tóxica” que este Gobierno le deja al entrante es el aumento desmedido del salario mínimo, que fue decretado en alrededor de 23 %-23,8 % para 2026, aumento muy superior al crecimiento fiscal esperado y al promedio histórico de aumentos reales en Colombia, que ronda 1,2 puntos porcentuales reales sobre la inflación. El aumento no fue producto de una negociación (de hecho, los sindicatos solo aspiraban a un alza del 16 %), y tampoco fue construido con criterios económicos serios, sino que obedeció a una decisión demagógica y populista del alto Gobierno. El Gobierno que llegue el próximo 7 de agosto va a heredar una estructura de gasto más rígida e inflexible, un déficit ampliado y un peso mayor sobre la sostenibilidad fiscal, sostenibilidad que ya de hecho estaba debilitada por años de deuda creciente y de déficits elevados.
El comentarista económico Salomón Kalmanowitz, en su pasada columna en El Espectador, anota: “Comienzan a sentirse los efectos del alza salarial hiperbólica promulgada por el Gobierno en todos los ámbitos de la economía nacional: despidos de personal, traslados de empleados de tiempo completo a medio tiempo, aumento de la informalidad y, sobre todo, transmisión del mayor costo del trabajo a los precios. La inflación que terminó en 5,1 % en 2025, se proyecta que terminará en más del 6 % este año, empujada principalmente por el ajuste del mínimo”. La culpa la tiene Petro por su improvisación e irresponsabilidad al ser tan generoso frente a los trabajadores y tan avaro con los empresarios. Desafortunadamente, todos sufrirán las consecuencias de sus malas políticas, que erosionarán inevitablemente el nivel de precios con más inflación durante varios años por venir.
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Apostilla: no cuadran las cuentas y crecen las dudas sobre la financiación de la exministra Carolina Corcho en la consulta del Pacto Histórico por parte de una firma con el estrambótico nombre de Gusteau Chefcito. ¿Será que la Corcho le va a dar al país una explicación de fondo? Y como lo pregunta el aspirante a la Cámara, Germán Ricaurte, ¿el representante legal del corrientazo Gusteau Chefcito, que financió a la doctora Corcho, es el mismo que financió a la representante María Fernanda Carrascal?”.
