Se equivocan quienes califican a Petro de estatista. Mientras que en su discurso público habla de poner todo bajo el control del Estado, en la práctica hay ejemplos que develan la contracara privatizadora del petrismo.
Un gran golpe vino con el duopolio en la telefonía celular. La fusión Tigo-Movistar, avalada por la superintendenta Cielo Rusinque y facilitada por la venta de la participación estatal en Coltel, ya causa los estragos presagiados: entre 2.000 y 3.000 trabajadores de Movistarfueron despedidos en una masacre laboral silenciosa, consentida por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.
Todo está alineado. Mediante un sigiloso decreto expedido el 30 de diciembre de 2025, el Gobierno se aseguró más de $850.000 millones en plena época electoral. La urgencia de caja primó sobre el sustento de miles de familias, también desamparadas por los líderes sindicales, ocupados en hacer campaña política antes que en defenderlos.
Mientras tanto, las empresas que instalan torres-antenas empiezan a ahogarse. Al limitarse la demanda de alquiler por culpa del duopolio, se avecinan otros despidos masivos. Peor aún: si quiebran, esa infraestructura inoperante –concentrada en zonas rurales– dejaría sin conexión a amplias regiones del país, lo que abriría más la brecha digital que el Gobierno Petro prometió cerrar.
El segundo caso es Azteca, la deficiente red de fibra óptica, construida durante el Gobierno Santos con $415.837 millones de recursos públicos. Hoy dicha compañía, que conectó 1.078 municipios, se encuentra en reorganización empresarial y pasará de manos de los Salinas de Gortari a Claro, el agente dominante. Este negocio, que generará un mercado peligrosamente asimétrico y fortalecerá la superioridad de Slim, solo espera (otra vez) la aprobación de la superintendenta Rusinque, muy reconocida diligente con las transnacionales. Otra dañina privatización.
El tercer episodio ocurrió en la subasta 5G. El Gobierno, desesperado por plata fresca, y contrario a las reglas fijadas, decidió cambiarlas a conveniencia de la empresa Telecall, representada por Iván Mantilla, la persona que otrora diseñó la funesta licitación de “Centros Poblados”. No se le cobrará la póliza por más de $64.000 millones, impuesta por incumplir obligaciones en la presentación de garantías para el uso del espectro 5G en la banda de 3.500 MHz. En consecuencia, quedaría en firme la oferta de contraprestación económica por $318.333 millones para tal usufructo, con lo que el Gobierno recibirá cinco veces el valor del seguro en tanto deja habilitada a Telecall. Canjeó un peso de multa por cinco de privatización.
En reciente balance de la conectividad por el Ministerio TIC, Petro reconoció el desastre, con una retórica descarada sobre hechos que él mismo propicia: “Es un fracaso que empieza por la transparencia en las mediciones. La política de subastas del espectro para grandes operadores ha fracasado totalmente, incluida la que hizo Lizcano en mi gobierno”. Y con cinismo agregó: “Azteca debe ser investigada a fondo porque con fondos públicos tendió fibra óptica y ahora la vende a particulares” (X, 20/2/26). Por cierto, el MinTIC está al amparo de la congresista Saray Robayo, esposa de Emilio Tapia y a la vez madrina de la cuarta a cargo durante la administración petrista, Carina Murcia Yela (Las 2 Orillas, 27/9/25).
Igual sucede con las carreteras. Cuando la atención general se centraba en la política, Petro, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el director de la ANI, Óscar Javier Torres, anunciaron la adjudicación por $8,8 billones de la “obra vial más importante del Gobierno”, el corredor El Estanquillo-Popayán.
Los estudios se evaluaron en tiempo récord, en dos meses, bajo el mismo modelo criticado por Petro en las alocuciones presidenciales. Entregó la obra en una concesión por décadas al único proponente: el consorcio de la compañía británica ERG, con el 90 por ciento, y del grupo MIA, con el otro diez, un tradicional contratista del Uspec, con raíces en Cúcuta, constructora de la Universidad del Catatumbo, que registraba retraso en octubre pasado.
El contrato se rige por la leonina Ley 1508, bajo la cual el Estado paga compensaciones y asume riesgos ambientales, geológicos, de peajes y demandas, sin acceso a la información financiera. Además, incluye dos casetas de recaudo, que, según versión oficial, solo serán 3 por ciento del valor de la obra, la bicoca de $270.000 millones, sufragados por usuarios y comunidades cercanas. Más de lo mismo.
Estas privatizaciones se suman a la del corredor férreo La Dorada-Chiriguaná y a la licencia a Terpel y a Primax para importar gasolina y diésel desde Estados Unidos, en evidente detrimento de Ecopetrol. Conforman la verdadera faceta neoliberal del petrismo: la del gran “bisnes” detrás de la engañosa demagogia con la base social del país.