Hoy, el país está frente a un entramado oscuro donde aparecen hojas de vida entregadas por fuera de los canales institucionales, funcionarios cuestionados administrando EPS intervenidas, denuncias de negocios alrededor de la salud y un sistema que colapsa mientras todos intentan lavarse las manos.
El exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, reconoció públicamente que recibió las hojas de vida de quienes terminaron manejando EPS intervenidas a través de la mano derecha de Laura Sarabia.
Admitió también que se detectaron negocios con la salud alrededor de esos designados y que los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía. Aquí lo dijo con claridad: no se trata de rumores ni interpretaciones políticas. Se trata de versiones oficiales que hoy se contradicen entre sí.
Pero Leal no puede presentarse como un simple denunciante tardío. Si recibió esas hojas de vida, si detectó irregularidades y si entendió que había intereses económicos alrededor del manejo de la salud, la pregunta es inevitable: ¿Por qué no se frenó a tiempo el desangre y por qué no se revisaron con rigor los perfiles que quedaron a cargo de miles de millones de pesos del sistema? Denunciar cuando el daño ya evidencia por completo su evasión.
Laura Sarabia, por su parte, sostiene que todo fue trazable, documentado y conocido, tanto por Petro como por el cuestionado ministro de Salud. Afirma que no participó en las designaciones y que esos nombres fueron presentados hace más de un año.
Si eso es cierto, la situación se vuelve todavía más grave. Porque entonces el Gobierno sabía. Y, si sabía, permitió que la corrupción avanzara y que el sistema colapsara sin corregir el rumbo.
Esta grave situación tiene consecuencias reales y ya tiene víctimas. Basta atar cabos con lo que denuncié desde noviembre de 2025, cuando la Fundación Hospital San José de Buga empezó a quedarse sin oxígeno financiero por una deuda de la Nueva EPS que superó los 26.000 millones de pesos y que, además, sigue en aumento. Eso obligó a suspender servicios y a atender solo urgencias. Más de 80.000 personas en Buga y municipios vecinos quedaron desamparadas. Esto demuestra el abandono estatal.
Lo mismo ocurrió en el Cesar, como también lo denuncié en una columna publicada el pasado 7 de diciembre en SEMANA. Allí, la intervención de la Nueva EPS no solo no solucionó la crisis, sino que la profundizó. La Clínica Valledupar, una de las instituciones más importantes del departamento, confirmó que la EPS dejó de pagar cerca del 80 % de la cartera corriente.
Esa deuda provocó el cierre de urgencias generales, la suspensión de 30 camas de hospitalización y de dos quirófanos, además de retrasos en la nómina de más de 3.500 trabajadores de la salud. Médicos y enfermeras sosteniendo el sistema sin recursos, mientras los pacientes eran enviados a sus casas.
Fuentes del sector advierten algo todavía más grave. Presuntamente, recursos que debían garantizar atención en salud habrían sido desviados para montar equipos politiqueros y estructuras burocráticas sin funciones claras ni resultados verificables, mientras los pacientes se quedaban sin medicamentos, sin citas, sin especialistas y sin camas disponibles. En pocas palabras, la plata terminó en la política y la escasez ya cobró vidas.
La desfinanciación asfixiante provocada por el Gobierno y la intervención innecesaria de varias EPS, lejos de mejorar el servicio, lo empeoraron todo. Terminaron por romper el sistema de salud.
A eso también se suma, en el Cesar, que la Nueva EPS quedó en manos de un petrista redomado llamado Luis Óscar Gálvez Mateus, nombrado el 14 de noviembre de 2025 como supuesto salvador. En el territorio dicen exactamente lo contrario.
Las denuncias señalan que se negó a conciliar con las IPS, se burló de los gerentes en reuniones, distribuyó pagos con sesgo político y dejó sin recursos a centros de alta complejidad que atienden cáncer, enfermedades cardíacas y patologías crónicas. En vez de corregir la crisis, lo que hizo fue agravarla. Y donde existía urgencia, impuso la indiferencia.
Al conectar los hechos, investigaciones periodísticas como El laberinto de los dineros de la salud, en la entonces W Radio Colombia, ya habían advertido cómo se concentraba el control del sistema, cómo se movían fichas clave y cómo los recursos parecían perderse en un entramado político y burocrático. La información estaba documentada y había sido advertida. Lo más preocupante es que fue ignorada.
Hoy vemos al exsuperintendente Leal diciendo que denunció y a Gustavo Petro tomando distancia, como si el colapso hubiera ocurrido a espaldas del Gobierno. Ambos se lavan las manos mientras los hospitales se ahogan y los pacientes mueren esperando atención.
Cuando el Estado interviene una EPS y, aun así, deja que los hospitales colapsen, la responsabilidad es directa. Cuando se sabe y no se actúa, el silencio también gobierna y los muertos terminan siendo su responsabilidad. Señor Leal, ¿así pretende usted ser congresista?
Por eso la pregunta va directo al punto y, para mí, es necesaria. Aquí no se puede ocultar nada ni maquillar responsabilidades. Tampoco se trata de señalar a una sola persona como cortina de humo. Se trata de exigir la verdad completa.
¿Laura Sarabia se está robando la salud o estamos frente a un sistema capturado donde todos sabían, todos se embolsillaron la plata, nadie actuó y hoy intentan lavarse las manos mientras el país pone los muertos? La Fiscalía también tiene que responder y decirle la verdad al país.
Para cerrar, cabe recordar que la salud es un derecho fundamental y que la intervención estatal no puede convertirse en abandono. Cuando el Estado asume el control de las EPS y, aun así, no garantiza los servicios, permite el colapso de hospitales, la falta de medicamentos y muertes evitables, hay una vulneración constitucional directa.
Negar de forma sistemática el acceso a la salud, con conocimiento del daño que se causa, configura conductas que pueden llegar a ser consideradas crímenes de lesa humanidad.
En ese escenario, la Corte Constitucional no solo puede actuar, tiene que hacerlo, para frenar un daño que ya es estructural y proteger la vida de los pacientes.
La salud, que ya agoniza, no aguanta más silencios ni más muertos.
