El pasado 12 de enero, un paro avícola cerró la autopista al Llano a la altura de Cáqueza. La causa fue el desplome de los precios del huevo a los niveles más bajos en tres años por un alza del 7,5 por ciento en la producción anual, por encima de 19.396 millones de unidades. Estamos en una crisis de superproducción.
La crisis golpea con saña a los pequeños y medianos productores, como los del oriente de Cundinamarca, que generan cientos de empleos y que hoy operan con márgenes de ganancias menores al 2 por ciento. La matemática de la quiebra es simple: producir una cubeta de 30 huevos cuesta $12.000 (a $400 la unidad), pero en el mercado no se vende ni a $6.000. Nada de esto es atendido por el Gobierno Petro o por la ministra Carvajalino. Sencillamente, “les vale huevo”.
¿Y por qué esa superproducción? Dirigentes de municipios como Cáqueza y Ubaque explican que la avicultura se convirtió en un refugio desesperado para “muchos campesinos que, al no recibir la suficiente rentabilidad en la producción agrícola, se volcaron a desarrollar la actividad avícola”. La realidad de los productores de huevo es dramática, porque, según dicen, “estamos perdiendo el 50 por ciento de nuestra inversión. No tenemos cómo garantizar un huevo (…) quebrados, no tenemos cómo sostenernos. Este Gobierno nos dejó abandonados”.
Es el último eslabón del desenlace en cadena de una agricultura a baja escala, no rentable, con costos muy altos. Hablamos de rendimientos decrecientes, ventas a la barata a intermediarios, que no cubren ni el transporte ni la recolección, tierras sobreexplotadas y muy pobres orgánicamente, vías en ruinas. Sin asistencia técnica ni crédito y con herramientas tradicionales lejos de la tecnología de punta con la que opera la competencia extranjera. En resumen, la falta de políticas de Estado empujó a centenares de agricultores de esa región hacia la avicultura, que ahora hace agua por la superproducción.
El drama coincide con el informe del BID (2015-2023) sobre el agro en América Latina y el Caribe: dice que el índice de producción apenas creció 1,36 por ciento y la productividad, un lánguido 1,2 por ciento respecto a Colombia y más precisamente en la región centro-oriente (la de los municipios en estado crítico). Peor aún: que el progreso tecnológico cayó un -0,2 por ciento y que en la productividad solo subió 1,2 por ciento. ¿Esto les vale huevo a las agencias del sector en el Gobierno Petro, como la de Desarrollo Rural (ADR), de César Pachón? (Ver El Tiempo, 24/1/26).
La caótica situación de los pequeños y medianos avicultores está vinculada a las secuelas del TLC: las importaciones, subsidiadas y a la barata, arrinconan a los productores nacionales y les cierran renglones de los que salen desplazados. No hay trashumancia geográfica por razón de la violencia, sino económica por la estrategia neoliberal de libre comercio, adoptada hace 35 años, la que Petro prometió cambiar, pero que al final incumplir le valió huevo.
Géneros, que estos campesinos podrían producir, están copados por las importaciones venidas desde Estados Unidos. En 2024 ingresaron 6,44 millones de toneladas de maíz, 443.000 de soya y 1,7 millones de torta de soya. Las cifras de dependencia son alarmantes: de todas las compras externas en varios renglones, de Norteamérica es el 98 por ciento del pollo, el 86 por ciento de la carne de cerdo, el 58 por ciento de los lácteos, el 22 por ciento del fríjol y el 32 por ciento de la lenteja (Suárez A., 2025, pág. 207).
El cierre del Gobierno de Petro va aparejado con la degradación institucional en todos los ámbitos y ni qué decir en el agrario. La politiquería manda en el ICA, manejado por Carlos Amaya, también en la ADR y la Agencia de Tierras (ANT), fortín clientelar de Felipe Harman, compró bienes improductivos o deficientes a elevados precios con comisiones de éxito. Los resultados de la gestión de Harman son mediocres y engañosos, y cada vez le es más difícil defenderlos (Caracol Radio, 21/1/2026).
Escasamente ha entregado –con corte al 29 de diciembre de 2025– 286.645 hectáreas, de las cuales, con registro de instrumentos públicos en firme, hay 60.693 y pendientes otras 54.184, para un total de 114.877. El resto son accesos “provisionales”. La reforma va en realidad en el 19 por ciento de 1,5 millones de hectáreas prometidas, y en menos del 10 por ciento de los 3 millones propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo (ver contador en Minagricultura).
Tenía razón el senador Richard Fuelantala en el debate de agosto de 2024 sobre la reforma agraria cuando afirmó que, sin cambiar el modelo agropecuario, toda política sectorial sería inocua o muy limitada. El paro de los avicultores del 12 de enero en Cáqueza lo ratificó, así a Petro y a su Gobierno les valga huevo.
Nota. Colaboró Luisa Pinzón Varilla, dirigente del oriente de Cundinamarca.
