Escribo esto desde la Universidad Libre de Berlín, donde paso estos meses conversando con colegas europeos y latinoamericanos sobre el estado de nuestras democracias. La coincidencia es difícil de ignorar: en buena parte de Occidente se está consolidando un hartazgo frente a las políticas asociadas con la Agenda 2030 y ese hartazgo ya no se queda en la sobremesa ni en las redes sociales. Está empezando a moverse hacia las urnas.
La reacción automática de muchos será calificar ese hartazgo de nazismo, fascismo o totalitarismo. No lo es. Y confundir las categorías le hace un flaco favor a quien quiera entender lo que está pasando.
Vale la pena decir con precisión de qué se habla cuando se habla de la Agenda 2030, porque el término se usa como insulto o como escudo sin que casi nadie explique su contenido. Es el plan de desarrollo sostenible que las Naciones Unidas adoptaron en 2015 con el respaldo de sus 193 Estados miembros, articulado en 17 objetivos que van de la erradicación de la pobreza a la acción climática, pasando por la igualdad de género y el acceso al agua. Nadie se opuso a esos objetivos en 2015. Lo que se agotó no fue el papel, sino la forma en que gobiernos y burocracias supranacionales lo tradujeron en política pública concreta: regulación ambiental que golpea al campo, gasto social condicionado a metas fijadas fuera del país, agendas culturales y de identidad que se presentan como consenso técnico cuando en realidad son decisiones profundamente políticas y que casi nunca pasaron por un debate democrático real. Ese es el terreno donde crece el cansancio, no en el rechazo abstracto a la pobreza cero o al agua limpia. Y, cuando una agenda pierde legitimidad de origen, tarde o temprano la gente empieza a buscar en otra parte.
Eso es justamente lo que está ocurriendo. No es que Occidente se esté volviendo de golpe más radical. Es que amplios sectores del electorado, hartos de un menú político que sentían cerrado, están probando opciones que hace una década ni siquiera consideraban. En Alemania, esa opción se llama AfD. En Italia, se llama Meloni. En España, todavía no tiene nombre definitivo, pero ya tiene destinatario claro: no es Pedro Sánchez. Y en Colombia tuvo nombre propio hace apenas semanas, un felino con garra.
Aquí en Alemania el síntoma tiene nombre, cara y cifras contundentes. AfD, Alternativa para Alemania, es el partido que hoy encarna ese cansancio. Lo lidera Alice Weidel, economista de formación, quien ha construido su discurso sobre control migratorio, escepticismo frente al gasto verde de Bruselas y defensa de la identidad cultural alemana. AfD llegó a más del 20 % en las elecciones federales de febrero, con más de 10 millones de votos, la mejor cosecha electoral de la nueva derecha en la historia de la República Federal. Desde entonces, varias mediciones la ubican liderando la intención de voto, algunas por encima del 27 %, y una encuesta reciente incluso la colocó siete puntos por delante de la CDU. Esos 10 millones de votos no son 10 millones de nazis. Son, en su inmensa mayoría, alemanes cansados de la clase política tradicional y de una burocracia que sienten lejana, gente que quiere trabajar, sostener a su familia y vivir tranquila sin que le impongan desde arriba qué pensar sobre su identidad, su cultura o su futuro.
Al frente de esa clase política tradicional está el canciller Friedrich Merz y ahí está la otra mitad de la explicación. Merz no solo no ha logrado frenar a AfD, se convirtió en el jefe de Gobierno más impopular del mundo según una comparación entre 24 democracias, con niveles de desaprobación que en algunas encuestas de Forsa han llegado al 85 %. Sus propios votantes lo señalan por incumplir promesas de campaña, por una economía estancada que él mismo prometió reactivar y por un estilo que la prensa alemana bautizó con sorna como el de canciller para el exterior, mucho viaje internacional y poca reforma en casa. Merz ha insistido en que su partido no será destruido por “la ultraderecha” y ha apostado su estrategia a una idea sencilla: gobernar bien para que la gente no necesite buscar alternativas.
La realidad no le está dando la razón. El llamado cordón sanitario, el pacto tácito entre el resto de los partidos para no cooperar con AfD, sigue vigente, pero no le ha bajado un punto a la formación en las encuestas. Ha aislado al partido de las coaliciones sin aislarlo del electorado, que es exactamente donde debería doler. Detrás de esa curva ascendente no hay solamente identidad ni nostalgia; hay recesión, inflación, una crisis de vivienda que golpea a la clase media urbana, envejecimiento demográfico y migración sin control. Cuando un canciller impopular decide hablar de cordones sanitarios en lugar de hablar de esos problemas reales, le está regalando el terreno al adversario que dice tenerlos como prioridad, sea o no capaz de resolverlos.
En España, el desgaste de Pedro Sánchez ya no es una hipótesis de columnista, es el diagnóstico de sus propias encuestas. Julio cerró como el peor tramo político de su mandato, con hasta siete sondeos privados proyectando una mayoría conjunta del PP y Vox por encima de los 200 escaños si hoy hubiera elecciones. A eso se suma una acumulación de frentes judiciales que ya no puede presentarse como una operación aislada de la oposición: la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, que llegó a juicio con jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, la imputación del expresidente Zapatero en un caso de financiación irregular, la condena al exministro Ábalos y el registro policial de la sede nacional del PSOE. Sánchez ya vivió en 2024 un ensayo de este desenlace, cuando anunció que se tomaba cinco días para decidir si renunciaba y terminó diciendo que continuaba con más fuerza si cabe. Aquella frase le funcionó una vez. Dos años después, con el cerco judicial más cerrado y las encuestas dándole la espalda, ya no está claro que le alcance para una segunda vuelta de resistencia.
Y encima de ese desgaste judicial está Ceuta, que sigue siendo la cicatriz abierta de una política migratoria que buena parte de los españoles considera fallida. En mayo de 2021, varios miles de personas cruzaron la frontera con Marruecos en cuestión de horas; el Gobierno tuvo que desplegar al Ejército para contener la situación y el propio Sánchez la describió como una crisis grave para España y para Europa. El episodio quedó como referencia obligada de un problema que Madrid no ha resuelto, apenas administrado, y que reaparece cada vez que Rabat decide aflojar el control de su lado de la valla. Ese recuerdo, sumado a los escándalos familiares y al desgaste natural de casi ocho años de Gobierno, se acumula en un cansancio que ya no se puede seguir explicando como ruido de la derecha mediática. Es un cansancio transversal y ese tipo de cansancio es el que termina moviendo elecciones.
En Italia, Giorgia Meloni gobierna con una fórmula que sus críticos llaman de extrema derecha y que buena parte de los italianos simplemente llama sentido común: cerrar rutas migratorias irregulares, negociar con terceros países y decirle a su gente que su gobierno está de su lado antes que del de nadie más. No es casualidad que sus niveles de aprobación resistan donde otros líderes europeos se hunden. Proteger a los propios dejó de ser un discurso marginal y se volvió, otra vez, un argumento de gobierno con votos detrás.
Colombia tampoco fue un hecho menor dentro de este mismo patrón. Ganó un outsider, un abogado que construyó su figura pública como un verdadero “Schauspieler” de la justicia, un ciudadano de la ley que convirtió cada denuncia y cada pulso judicial en un escenario donde exhibía a la vieja política. Hizo de la seguridad, la defensa de la familia y la derrota política de la izquierda los ejes de su campaña, y esa combinación conectó con las mayorías. El reto ahora es gobernar y demostrar que esas promesas se traducen en resultados, porque prometer y actuar frente a cámaras es fácil, y ejecutar desde un despacho es otra cosa.
Hay otro síntoma que merece atención y que casi nadie quiere nombrar en voz alta: una parte creciente de la comunidad gay en Occidente está migrando hacia la derecha. No por rechazo a sus propios derechos, sino por cansancio frente a una izquierda que subordinó esas conquistas a otras causas, que les pidió callar frente al avance de discursos importados que en la práctica les son hostiles y que terminó tratando la identidad sexual como una bandera de partido más que como un asunto de libertad individual. Ese desplazamiento, silencioso, pero real, es tal vez la mejor prueba de que el hartazgo con la Agenda 2030 no viene del lugar donde sus críticos más ruidosos insisten en buscarlo, sino de electores que durante años se sintieron representados por la izquierda cultural y hoy sienten que esa misma izquierda dejó de escucharlos para empezar a administrarlos.
Los gobernantes son humanos y se equivocan. Pero también tienen que entender algo elemental: la política consiste en interpretar el momento histórico de sus pueblos, no en moldearlos a la fuerza. La insistencia en ciertas agendas sobre identidad, libertades y cambios culturales, empujadas desde arriba y sin lectura del terreno, está generando una reacción política en sentido contrario. Y esa reacción no está llegando por la vía de los extremos que tanto se denuncian, sino por las urnas, que es la vía que en teoría todos dicen respetar.
¿Será demasiado tarde para corregir el rumbo? No lo sabemos todavía. Lo único claro es que sobre Occidente soplan vientos nuevos y quien no los lea a tiempo corre el riesgo de quedarse hablando de un mundo que ya dejó de existir.