Una vez más, varias regiones y departamentos de nuestra región Caribe, como Córdoba y Sucre, así como el departamento de Antioquia, entre otros del país, están sufriendo las consecuencias del crudo invierno. Miles de personas, entre ellas mujeres, niños, niñas y adultos mayores, han perdido prácticamente todos sus enseres y alimentos y, por efecto de las lluvias e inundaciones, sus casas, cultivos y animales domésticos. Además, se han visto obligadas a refugiarse en albergues colectivos y de pronto socorro.
Irónicamente, se repite una tragedia natural que, hace bastante tiempo, se habría podido prevenir y evitar si se hubieran sacado lecciones y aprendido de ellas; si procuráramos determinar qué de lo que la produjo se podría corregir, prevenir o controlar.
Lo que ocurre, y me duele decirlo, es que para algunas personas priman los favores personales con sus copartidarios políticos sobre las necesidades de la gente, tal como lo hemos venido conociendo públicamente con los diversos casos de corrupción presentados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Esa entidad nacional es la responsable de promover e impulsar la prevención y atención de emergencias, en coordinación con los gobernadores departamentales y alcaldes municipales, para asistir a todas las víctimas de tragedias y desastres naturales. Igualmente, le corresponde coordinar la gestión del riesgo, fomentar la investigación y el conocimiento para identificar y reducir los riesgos.
Mi experiencia en cargos públicos, políticos y sociales me ha enseñado que las personas que tienen responsabilidades institucionales en materia de solidaridad deben asumir el valor ético de la cero tolerancia frente a la corrupción y el despilfarro, e incluso atreverse a reubicar responsabilidades en materia de pronto socorro, como ya sucede en España, donde dicha labor la ha asumido con resultados positivos una unidad especial de las fuerzas militares, incluida la fuerza aérea de ese hermano país.
En la vida de los pueblos, “más vale prevenir que lamentar”, mucho más cuando las inundaciones sufridas en el departamento de Córdoba y en otros departamentos se hubieran podido evitar. Tanto en Colombia como en otros países existen experiencias positivas en esta materia, por lo que sería importante que el Gobierno nacional y los gobiernos departamentales afectados, con la colaboración de Naciones Unidas, iniciaran un proceso de contacto con instituciones regionales y nacionales cuya característica fundamental haya sido la implementación de buenas prácticas en prevención de inundaciones y mitigación de riesgos.
Insisto en que, en la búsqueda de esos caminos, el papel articulador y coordinador del Gobierno nacional es muy importante. Para ello, lo digo con todo respeto, el señor presidente de la República debe ejercer un verdadero liderazgo articulador entre gobernadores y alcaldes, y enseñar con su ejemplo de vida.
Mientras tanto, y como la vida continúa, debemos seguir promoviendo la más amplia solidaridad con la población urbana y rural que, desafortunadamente, viene siendo afectada por las inundaciones.
Posdata: Al terminar la presente columna para Semana.com, he tenido conocimiento, por algunos medios de comunicación, de que el candidato a la Presidencia de la República Abelardo de la Espriella ha sido amenazado de muerte por el denominado grupo guerrillero ELN. Para él y su familia, toda mi solidaridad y mi rechazo a ese tipo de prácticas criminales contra cualquiera de los candidatos y candidatas a la Presidencia o al Congreso de la República.
