Desde que llegué al Congreso de la República, me he dedicado a defender la soberanía energética de todos los colombianos. Fui ponente de la Ley de Transición Energética y de la Ley de Cambio Climático durante el gobierno del presidente Iván Duque (en este camino, debo hacer un reconocimiento especial a un hombre que ha sido indispensable en esta lucha, el exministro de Minas y Energía, Diego Mesa, un gran consejero y maestro).
Tuve también la oportunidad de estar en los Estados Unidos, invitado por el Departamento de Estado, donde estudié a fondo la herramienta del fracking, fundamental para aumentar nuestras reservas de gas natural. De igual forma, exploré el potencial de la energía nuclear, una fuente probada a nivel mundial y con grandes posibilidades para Colombia; genera satisfacción que el proyecto de ley que busca crear la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear, de la que soy autor, pasara para tercer debate en el Senado de la República.
Por eso, hoy puedo decir con preocupación que enfrentamos un verdadero caos energético por culpa del Gobierno Petro. Está más que demostrado que este Gobierno es enemigo declarado del sector energético: ese Decreto 44, con el cual imponía un nuevo impuesto del 2,5 % para recaudar 300 mil millones de pesos a las generadoras para intentar tapar el hueco financiero de Air-e, una empresa intervenida que va rumbo al fracaso por la mala gestión estatal, fue un absurdo.
El próximo Congreso y Gobierno deben enfocarse con urgencia en construir una agenda minero-energética sólida para evitar que el país se apague y que los recursos del Sistema General de Regalías, vitales para el desarrollo regional, se debiliten. No se ganan elecciones solo con antipetrismo; necesitamos propuestas claras y contundentes. ¡Es hora de pasar del discurso a la acción!
Debemos dar continuidad a iniciativas legislativas como la declaratoria del gas natural como energético estratégico de la transición energética, establecer la seguridad energética como un derecho constitucional de tercera generación, crear una ventanilla única para el sector que agilice trámites y reducir los tiempos de licenciamiento ambiental (estas propuestas ya las hemos venido trabajando junto a la senadora Paola Holguín, con quien compartimos una visión clara sobre el futuro energético del país).
Otra prioridad urgente es la reglamentación de la consulta previa, que se ha convertido en una herramienta de extorsión contra empresarios y en un obstáculo para el desarrollo. Hoy, hay más de 20 mil proyectos frenados por este mecanismo, entre ellos Sirius, un hallazgo histórico de gas natural costa afuera en el Caribe colombiano, explorado desde el gobierno del presidente Uribe.
Una de nuestras propuestas en esta materia es eliminar el incentivo económico directo a las comunidades. En su lugar, las obras y las inversiones deberán ejecutarse mediante el esquema de obras por impuestos, garantizando transparencia, equidad y verdadera inversión social.
Además, es imperativo trabajar en expandir, modernizar y sanear el sistema energético nacional, reactivar el sector petrolero y recuperar Ecopetrol, acelerando la exploración y producción de crudo y gas; promover la minería a gran escala con inversiones en todo el territorio nacional; retomar la formalización de pequeños y medianos mineros con vocación de legalidad y garantizar la cobertura total del servicio eléctrico antes de 2030.
Entre las medidas excepcionales se debe considerar la declaratoria de una emergencia energética nacional durante los primeros dos años de gobierno; esto permitiría agilizar la construcción de infraestructura estratégica, ofrecer incentivos fiscales con cláusulas de estabilidad jurídica, establecer un sistema fast-track para licenciamiento ambiental y consultas previas.
Mi lucha en el Senado continuará por la defensa de uno de los sectores más importantes del país, el que genera estabilidad, mueve la industria, el comercio y mantiene encendidos a más de 12 millones de hogares colombianos. También, es el motor de más de 700 mil vehículos, fundamentales para la vida diaria y la productividad nacional.
La seguridad energética es libertad, es desarrollo y es bienestar para todos los colombianos.