Colombia atraviesa un momento que exige definiciones claras y responsabilidad en la toma de posición. Hay coyunturas en las que es indispensable entender con precisión los retos y los peligros que enfrenta el país. Esta es una de ellas.
En la próxima elección presidencial, Colombia no solo escogerá un gobierno. Elegirá el marco institucional, fiscal y de seguridad bajo el cual viviremos durante las próximas décadas. Identifico tres puntos de inflexión que no pueden ser minimizados.
El primero es institucional. El Gobierno del presidente Gustavo Petro parece decidido a impulsar la elección de Iván Cepeda a la Presidencia de la República y, de manera simultánea, a entregarle —el próximo 20 de julio— una ley de convocatoria a una asamblea constituyente. La eventual combinación de un nuevo gobierno encabezado por Cepeda y una constituyente en curso desde su primer año de mandato configura una amenaza seria al Estado de derecho y, por ende, a la democracia colombiana.
No estamos ante una reforma puntual o limitada de la Constitución de 1991. Lo que se plantea es una sustitución integral de nuestra Carta Magna. El proyecto de ley de convocatoria no disimula su matriz ideológica. El aspecto más delicado es la intención expresa de reconfigurar el principio liberal de separación de poderes. El comité promotor propone modificar el llamado “modelo institucional”, bajo el argumento de que el actual gobierno habría sido víctima de un bloqueo institucional. A partir de ese diagnóstico, se plantean transformaciones sustanciales en la organización del poder que podrían dotar al próximo presidente de herramientas jurídicas orientadas a presionar o forzar al Congreso a legislar. Esa alteración del equilibrio entre ramas del poder público no es un asunto menor: es una redefinición estructural de nuestro sistema democrático.
El segundo punto de inflexión es fiscal. El próximo gobierno enfrentará un déficit cercano al 8 % del PIB —el más alto en un siglo— y una dinámica de endeudamiento que, de no contenerse, puede derivar en una peligrosa espiral de deuda. Hoy no existe margen para nuevas grandes reformas tributarias. Los análisis técnicos recientes han sido claros: el ajuste deberá hacerse, inevitablemente, por la vía del recorte del gasto. Y los ajustes, por definición, son impopulares.
El tercer punto es el orden público. La fragmentación territorial y la reconfiguración de estructuras criminales han deteriorado la autoridad del Estado en amplias zonas del país. Informes técnicos señalan que los grupos armados ilegales han crecido de manera significativa bajo la política de “Paz Total”. Según un análisis de la Fundación Ideas para la Paz, entre finales de 2024 y finales de 2025, estas estructuras aumentaron su número total de combatientes en casi un 23 %, superando los 27.000 integrantes, al tiempo que ampliaron disputas territoriales y el desplazamiento forzado.
Frente a estos tres puntos de inflexión, la pregunta es inevitable: ¿quién está en mejores condiciones de enfrentarlos?
Considero que la respuesta es Abelardo de la Espriella. En esta coyuntura específica se ha proyectado como el candidato mejor posicionado para derrotar al gobierno, a su candidato y al proyecto constituyente. De acuerdo con la muy seria encuesta de Atlas Intel, publicada por la revista SEMANA, De la Espriella derrotaría en segunda vuelta a Iván Cepeda, incluso en dos de los tres bastiones que garantizaron la victoria de Petro en 2022: Bogotá y la Costa Caribe. La responsabilidad política también consiste en leer con realismo el escenario electoral.
Por otra parte, De la Espriella ha sido enfático en su propuesta de reducir el aparato estatal hasta en un 40 %, eliminar duplicidades y suprimir gasto innecesario como condición para aliviar el déficit sin aumentar impuestos. Los ajustes serán inevitables, y personas como De la Espriella, con capacidad de comunicación directa y arraigo en sectores populares, que no arrastren compromisos políticos acumulados, pueden tener mayor margen para ejecutarlos.
Finalmente, ha sido igualmente categórico en su determinación de restablecer el control territorial efectivo en las zonas donde hoy operan grupos armados ilegales. Sin cerrar la puerta al diálogo, lo condiciona a resultados verificables. Ha insistido en que la seguridad no es un asunto ideológico, sino una condición básica para el funcionamiento del Estado y para la recuperación económica.
Mi respaldo es también una invitación. Abelardo debe convocar a sectores de centro, a tradiciones liberales democráticas y a ciudadanos independientes que creen en reformas, pero dentro de la institucionalidad. Colombia necesita firmeza, pero también amplitud; carácter, pero también capacidad de unir.
Por estar sumidos en discusiones de política menor, Colombia podría correr el riesgo de perder su democracia en una constituyente de izquierda radical. Es tiempo de decisiones responsables y prácticas. La estabilidad institucional, la solvencia fiscal y la seguridad no son consignas partidistas: son las condiciones básicas del equilibrio democrático.
