Comienzo por recordarles de qué manera las constituciones liberales y democráticas son capturadas desde adentro por líderes populistas, que luego las pervierten hasta abolirlas o convertirlas en cascarones vacíos.
El caso paradigmático es el de Adolfo Hitler. Fue nombrado canciller (primer ministro) en enero de 1933 por el presidente Hindenburg bajo las reglas previstas en la Constitución de Weimar. Un mes después se produjo el incendio del Reichstag (parlamento), un acto criminal probablemente realizado con su complicidad. Casi de inmediato éste le otorgó poderes amplísimos que le sirvieron para establecer el control de la prensa, prohibir los partidos políticos y eliminar cualquier estructura de poder que pudiera oponérsele. En cuestión de semanas la democracia fue abolida. Gobernó con facultades omnímodas hasta su muerte en 1945.
A partir del acceso al poder de Hugo Chávez en Venezuela en 1999, el partido que controló hasta su muerte, y que heredó Nicolás Maduro, ha ganado siete contiendas presidenciales, o sea, todas las realizadas. Salvo en la primera, que fue adelantada con pulcritud, las demás estuvieron caracterizadas por grados crecientes de corrupción, hasta que en 2024 el fraude se hizo evidente. Fue el comienzo del fin.
Viktor Orban en Hungría fue elegido como primer ministro en un contexto democrático, y como tal gobernó entre 1998–2002. Regresó en 2010 con amplias mayorías parlamentarias, que le permitieron dictar medidas para favorecer a su partido, capturar los medios de comunicación, las instituciones de educación superior y dificultar el ejercicio de la oposición.
Aunque podría comentar igualmente los casos de Rusia, Turquía, Nicaragua y El Salvador y el inverosímil deterioro de la democracia en los Estados Unidos, lo escrito es suficiente para referirme al riesgo que se yergue sobre Colombia: la instauración de un sistema autoritario, soportado en un caudillo dotado de amplias potestades, que goce del monopolio de representar al pueblo con el cual se confunde, y que debe gobernar sin limitaciones temporales.
Ayer debió comenzar el proceso de recolección de firmas para respaldar un proyecto de ley de origen popular auspiciado por Petro; su objetivo consiste en que el Congreso convoque al pueblo para que decida si quiere que una asamblea constituyente sustituya la Constitución vigente. Obtener el número de firmas necesarias para superar el umbral electoral, es la primera y más sencilla de las tareas. Las firmas son recaudadas por empresas que hacen ese ejercicio a cambio de una remuneración. La experiencia demuestra que quien tiene el dinero logra el cometido. Por supuesto, mucho facilitará la tarea que los candidatos del Petrismo promuevan la propuesta. Igualmente será útil la acción de los empleados y contratistas del Estado; justamente para cumplir esa tarea proselitista se acaban de crear miles de nuevos cargos. Valiosa será también la labor, pagada con nuestros impuestos, de los “bodegueros” al servicio del gobierno.
En el documento que contiene la propuesta se lee que: “…se ha demostrado el bloqueo institucional a una fuerza democratizante que por primera vez llega al poder político colombiano. Esta fuerza y sus reformas sociales han sido obstaculizadas institucionalmente y sin mayores argumentos”. Se supone al elegir a Petro, el pueblo le ordenó implementar unas medidas concretas que para el Congreso y los jueces eran obligatorias. Se nos ha dicho hasta el cansancio que ese mandato fue desobedecido; que a Petro “no lo dejaron gobernar”; que es víctima y no victimario.
Nada de esto tiene fundamento. Dice la Carta política que los miembros del Congreso deben votar “consultando la justicia y el bien común”, no siguiendo directivas específicas de nadie, y, menos del presidente. El Parlamento es independiente del que gobierno y no ha violado un mandato popular, que por cierto, no está documentado. Y en cuanto a las sentencias de las altas Cortes, debe anotarse que cuando hacen prevalecer la Constitución y las leyes le dan concreción al Estado de derecho.
Validada la suficiencia de las firmas, que no tendrá problema, y elegido Cepeda, que tiene altas posibilidades de ocurrencia, son necesarios otros pasos que no menciono porque están previstos en la Constitución. Me concentro en un tema trascendental, la fórmula para integrar la Constituyente, que tendrá 125 delegados, de los cuales 48 (38 %), serían elegidos por pueblos indígenas, comunidades campesinas, circunscripciones de paz y colombianos residentes en el exterior. Los restantes 77 serían elegidos por los ciudadanos con importantes restricciones: las diferentes listas deberán incluir “personas jóvenes, en condición de discapacidad, población LGBTIQ+, de víctimas del conflicto armado y victimas de otras violencias sociales”.
Es así como se va diluyendo el ideario liberal que la Constitución actual recoge: que somos los ciudadanos, sin connotación alguna, los protagonistas de la sociedad política. Ha llegado la hora de dejar atrás esas concepciones arcaicas, se nos dice, para darle prelación a los grupos basados en ciertas identidades o modos de vida. La común condición humana, de la que emana la libertad personal, paulatinamente se está convirtiendo en una cuestión trivial.
A esta objeción ideológica cabe añadir otra de carácter político: ¿Para ser negro o indígena bastará afirmar que uno se identifica con las culturas subyacentes, o serán menester pruebas genéticas? ¿Cómo se demostrará la pertenencia a alguna de las numerosas categorías sexuales que se enuncian en la sigla LGBTIQ+ (el + no tiene alcances específicos)?. ¿Quiénes serán las “víctimas de otras violencias sociales”? Tengan la seguridad de que Cepeda hará lo necesario para manejar los filtros de acceso a las candidaturas.
El objetivo implícito es el mismo que persiguen otros movimientos de izquierda radical: configurar una constelación de sectores minoritarios mayor a la de los ciudadanos de a pie, que no proclaman sus identidades étnicas, son artesanos, empresarios, taxistas, profesionales independientes, tenderos, ancianos…
La Carta del 91 fue concebida a partir de una propuesta detallada sobre su alcance. En la de origen petrista, la competencia de la Asamblea se define de manera amplia —puede hacer lo que quiera, incluso derogar la existente— con unas pocas restricciones. Con claridad absoluta se afirma que “Colombia necesita una nueva Constitución”. Que no sería producto de un consenso nacional, sino de la manipulación y la confrontación, lo digo sin vacilar.
Estará dentro de las competencias de esa hipotética constituyente establecer una nueva estructura de los órganos del poder y de las instituciones que lo integran, y alterar los modelos político y social. Menciono algunas posibilidades: reelección presidencial inmediata; revocatoria del Congreso que elegiremos en marzo, ampliación de las potestades propias del presidente a través de leyes habilitantes; recomposición de las entidades territoriales; alteración de las reglas para el control judicial de leyes y decretos; estatización de vastos sectores de la economía, etc.
Así las cosas, las fórmulas expuestas en la parte motiva de la ley proyectada son meras indicaciones para los constituyentes, aunque ellas muestran las bases ideológicas de la iniciativa. Juzguen ustedes mismos:
Colombia necesita un nuevo modelo económico y la “creación de zonas especiales dónde el Estado tenga la mayor participación en la producción y el reparto de las ganancias…”. “Así mismo, se necesita revisar y ajustar el funcionamiento del Banco de la República, transformar y rescatar la banca pública y la política monetaria”. “El Estado debe conservar el control de los sectores estratégicos de la economía”. La política monetaria se debe alinear “explícitamente con el imperativo constitucional de superar desigualdad, informalidad y fragilidad productiva”.
La apuesta del Petrismo está muy bien pensada: procura reconfigurar el poder con propósitos de largo plazo. Su objetivo va más allá de ganar éstas elecciones; se trata de perpetuarse en el poder, como lo hicieron Chávez y Maduro, y hoy lo practican con éxito Putin, Erdogan y Bukele, entre otros. Mientras tanto, embelesados con el canto de las ranas, no oímos el rugir de la tormenta.
Epígrafe. Escribió el Libertador Bolívar: “El sistema más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política”.
