En 2013 se creó en Colombia la Agencia Nacional de Seguridad Vial, bajo la Ley 1702, cuyo objetivo fue coordinar acciones entre entidades públicas y privadas para fomentar la investigación sobre los accidentes, gestionar el Observatorio Nacional de Seguridad Vial y diseñar e implementar el Plan Nacional de Seguridad Vial.
La Agencia completó una década de operaciones sin que el panorama vial haya mejorado en el país. Cuando fui viceministro de Salud, me correspondió expedir un concepto altamente condicionado para la creación de esta. El mayor temor era que se convirtiera en un ente burocrático alimentado por los recursos del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y, al final, después de que le quitaron esos recursos al sector salud —que siguió asumiendo el costo creciente de los accidentes viales—, se impuso la aplanadora de los congresistas que empujaron con ahínco el proyecto de ley.
La semana anterior, en Bogotá, un joven de 20 años, que circulaba a alta velocidad en un automóvil de alta gama, ocasionó la muerte de una mujer mayor que resguardó con su propia vida a dos menores que la acompañaban. Además, un motociclista se debate entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos, mientras otras personas sufrieron heridas menores y lograron salvar su vida.
Esta es tan solo una descripción de decenas de accidentes de tránsito que a diario suceden en Colombia. Existe una profunda indiferencia de una sociedad que pareciera valorar de manera diferente las muertes por accidentes de tránsito frente a otras muertes violentas. Lo irónico y más grave del asunto es que son accidentes prevenibles, mucho más que los fallecimientos por causas domésticas o violencia, que alcanzan grandes titulares y mayor sensibilidad.
Una interesante revisión, hecha pública por la presidenta de la Asociación Colombiana de Epidemiología, Silvana Zapata, no puede ser más elocuente: no hemos logrado implantar una política que transforme las conductas riesgosas y cercanas a lo penal que hacen de Colombia un lugar peligroso en sus vías. Lo más grave es que el fenómeno de las muertes por accidentes de tránsito está creciendo aceleradamente en el país.
Datos preliminares del Instituto Nacional de Medicina Legal indican que en 2025 aumentaron las muertes violentas, incluidas las tasas de homicidio, cifras que terminaron contradiciendo las afirmaciones mal documentadas de la Presidencia de la República, como ya es usual, en sentido contrario.
Sin embargo, lo que no puede pasar desapercibido es el pronunciado incremento de la tasa de mortalidad por incidentes de transporte: ascendió de 15,8 por 100.000, en 2024, a 16,5 en 2025, con un crecimiento del 4,2 %. Fueron en total 8.737 colombianos que fallecieron en 2025 por causa de eventos relacionados con el transporte, 422 personas más que en 2024. Comparativamente, por cada 10 defunciones por homicidio en Colombia, se presentan seis por accidentes de transporte, en su mayoría por accidentes viales.
Ese temor, cuando fui viceministro de Salud, parece haberse hecho realidad. Hoy, en las redes sociales de la Agencia, aparecen muchos cursos, muchos viajes a lo largo del país y pocas acciones contundentes. También un lacónico registro comunicacional de los accidentes que la Agencia ve pasar a lo largo y ancho del país. Poco trabajo se le ha visto al Congreso de la República para dar seguimiento a la política y acciones de seguridad vial en el país.
El próximo presidente tendrá que evaluar la pertinencia de un instrumento que parece no estar cumpliendo con los objetivos que le fueron encomendados. Además, tendrá que enfrentar un sector salud completamente deficitario y con una situación fiscal extrema. Un ejemplo exitoso de cambio de actitudes sociales en la reducción de un riesgo mortal se dio con la Ley de Control del Tabaco, para lo cual no fue necesaria la creación de ninguna frondosa estructura burocrática.
