“Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución, que no permite el deterioro del poder adquisitivo del salario”, afirmó el presidente de la República, Gustavo Petro. Y agregó: “El poder judicial debe saber que el gobierno se debe al voto que lo eligió y a la Constitución Nacional”.
Así se pronunció el mandatario frente a la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto del salario mínimo. Sin embargo, este no es un caso aislado. Tanto la Corte Constitucional como el propio Consejo de Estado han adoptado decisiones similares frente a decretos y leyes expedidos durante el actual periodo presidencial.
Resulta preocupante que normas consideradas prioritarias por el Gobierno hayan enfrentado reiterados reparos jurídicos. Más aún cuando varias de ellas, muchas con impacto directo en sectores populares o en iniciativas centrales de la agenda oficial, han terminado suspendidas o con cuestionamientos de constitucionalidad.
Entre los antecedentes se encuentran el Decreto 639 de 2025, relacionado con la convocatoria a una consulta popular; el Decreto 044 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica y posteriormente suspendido; así como la ley que creó el Ministerio de la Igualdad y la reforma tributaria, todas objeto de control y decisiones judiciales.
Estos episodios evidencian una tensión institucional creciente. Las decisiones adoptadas por las altas cortes han sido presentadas por el Ejecutivo como actos de persecución judicial, lo que ha profundizado el debate sobre el equilibrio de poderes y el respeto a la independencia de la Rama Judicial.
No puedo dejar de advertir un talante autoritario en la actitud del presidente de la República, Gustavo Petro, que pareciera concebir la separación de poderes como un principio meramente enunciativo de la Constitución, pero sin verdadera aplicabilidad en el ejercicio de su gobierno.
En columnas anteriores hemos señalado cómo, durante el actual mandato, se ha ejercido una presión constante sobre el Legislativo para que apruebe, sin mayores objeciones, las iniciativas del Ejecutivo. El Congreso ha sido tratado, en ocasiones, como una instancia casi notarial, llamada únicamente a refrendar proyectos tal como son presentados por el Gobierno, como ocurrió con la reforma a la salud y la reforma tributaria.
Una dinámica similar parece trasladarse ahora a la Rama Judicial, particularmente frente al Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Cuando estas corporaciones ejercen su función de control y adoptan decisiones adversas, el Gobierno responde señalándolas de persecución judicial o incluso política.
Se configura así una estrategia preocupante: presentar como victimización lo que en realidad corresponde al ejercicio legítimo del control constitucional y legal. De esta manera, se intenta trasladar la responsabilidad de eventuales errores jurídicos del Ejecutivo hacia las altas cortes, alimentando la narrativa de que las decisiones judiciales no son producto del derecho, sino de una supuesta confrontación contra el Gobierno y, por extensión, contra el pueblo colombiano.
Lo ocurrido el viernes pasado, con las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, frente a la suspensión del decreto del salario mínimo, así como lo sucedido días antes cuando la Corte Constitucional suspendió la emergencia económica, evidencia una estrategia preocupante. El mandatario optó por deslegitimar abiertamente a la Corte y al Consejo de Estado por las decisiones adoptadas, presentándolas como actos de persecución.
No queda duda de que esta narrativa busca generar simpatía popular, proyectando al Gobierno como víctima de una supuesta arremetida judicial, justo en un momento preelectoral. La suspensión del decreto del salario mínimo se convierte así en un ejemplo útil dentro de ese discurso, en medio de un calendario que incluye consulta, elecciones legislativas y presidenciales.
No obstante, lo que esperan los colombianos, más allá de las coyunturas electorales, es respeto por la institucionalidad. Diversos juristas y sectores gremiales habían advertido posibles vicios jurídicos en el decreto, por lo que no resultaba inesperada una decisión de suspensión. Resulta legítimo preguntarse si el Gobierno anticipaba este escenario y si, políticamente, calculó el impacto de una decisión judicial adversa en vísperas electorales.
En este contexto, el Consejo de Estado deberá reafirmar su independencia y actuar con firmeza, sin ceder a presiones políticas ni a descalificaciones públicas. Si tras el análisis jurídico correspondiente encuentra fundamentos para mantener la suspensión, deberá hacerlo con plena autonomía, garantizando que prevalezca el Estado de derecho.
De igual manera, la Rama Judicial necesita actuar unida y contar con el respaldo ciudadano en defensa de la separación de poderes. Colombia no puede caer en una confrontación permanente entre el Ejecutivo y el Judicial, ni permitir que el debate institucional se convierta en una estrategia de polarización que termine debilitando la democracia.
Por eso, los poderes Legislativo y Judicial de Colombia no pueden caer en lo que parece ser una estrategia impulsada por el presidente de la República, Gustavo Petro, orientada a desacreditar a las instituciones cuando estas no se alinean con los intereses del Ejecutivo. La democracia se sostiene en la independencia y el equilibrio de poderes, no en su subordinación.
Hoy más que nunca, tanto el Congreso como las altas cortes deben preservar su autonomía e imparcialidad, sin dejarse presionar por discursos que buscan trasladar al terreno político decisiones que son estrictamente jurídicas o legislativas. Todo indica que en los próximos meses el Gobierno podría intensificar su confrontación con el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, con el propósito de capitalizar electoralmente esa tensión.
La narrativa de presentarse como víctima de una supuesta oposición institucional, tanto en el Congreso como en las cortes, podría convertirse en eje de campaña, bajo el argumento de que las reformas dirigidas a los sectores más vulnerables han sido bloqueadas por decisiones judiciales. Incluso, es previsible que figuras cercanas al Gobierno, como Iván Cepeda, resulten beneficiadas dentro de ese discurso de continuidad y “defensa del cambio”.
La institucionalidad no puede ceder ante estrategias de polarización. La Rama Judicial no está en contra del pueblo; cumple su función constitucional de control. Y el Congreso no es un obstáculo, sino un escenario legítimo de deliberación democrática.
Colombia necesita serenidad institucional, respeto por la separación de poderes y un debate político sin descalificaciones. La democracia no se defiende debilitando a las instituciones, sino fortaleciéndolas.
