En días recientes el presidente me dedicó una de sus acostumbradas diatribas por la red social que tanto le gusta: Me hizo responsable de “la pérdida de cuantiosos recursos del erario de las EPS en la época del covid-19”. Presumiblemente estaba aludiendo a su narrativa de las reservas técnicas —que tanto han empujado los bodegueros del régimen, el propio ministro y otros funcionarios que han machacado persistentemente a lo largo de tres años—, seguramente siguiendo esa tan progresista ‘fórmula’ de ‘enlodar como sea’ a los gobiernos y funcionarios anteriores.
Buscando respaldo a sus débiles argumentos, el ministerio de Salud dirigió una consulta al Consejo de Estado requiriendo tres aspectos: 1. Si los dineros de UPC del año en curso pueden ser utilizados para pagar deudas de vigencias anteriores; 2. Si las IPS están obligadas a radicar las facturas sólo dentro de la vigencia de la respectiva UPC, y 3. Si las EPS pueden utilizar las inversiones de las reservas técnicas para pagar deudas de vigencias anteriores a aquella para la cual fueron constituidas.
Pues ellos mismos se pegaron un tiro en el pie. La respuesta del Consejo de Estado fue contundente y no dejó espacio para ninguna duda. En primera instancia, la anualidad presupuestal no aplica a los recursos de la UPC. En segundo término, los tiempos de radicación de la factura de las IPS no están condicionados. Adicionalmente, las EPS sí están facultadas para utilizar los recursos de la UPC para pagar facturas de vigencias anteriores. Y, finalmente, las EPS pueden, sin necesidad de acto administrativo alguno, utilizar las inversiones en reservas técnicas de una vigencia para pagar obligaciones de servicios de salud de vigencias anteriores.
El concepto del Consejo de Estado dejó por el piso toda la artillería que utilizó el Gobierno nacional para atacar a las EPS; a las actuaciones del gobierno Duque, y —de paso— justificar las actuaciones de sus lánguidos interventores sobre las EPS intervenidas. Estas acciones restringieron severamente los pagos a los hospitales, bajo la consideración de que eso no era responsabilidad del actual Gobierno. Ejemplo de lo anterior es el caso de la Nueva EPS, que suspendió los pagos de las vigencias anteriores con interventores que se declararon responsables solamente de las deudas durante su gestión, lo cual llevó al sistema al colapso por el reducido flujo de recursos.
De paso, y sin mucha anestesia, el concepto del Consejo de Estado aclaró también varios temas fundamentales y que no fueron comprendidos —o mejor, no han querido ser entendidos— por quienes han dirigido la salud en el presente Gobierno durante los últimos tres años y donde no cabe inocencia alguna. Primero: la atención en salud no puede ser interrumpida, sin poner en peligro la vida de los pacientes, por ende, los procesos administrativos y financieros deben supeditarse y no pueden ser talanqueras. Segundo: la Unidad de Pago por Capitación (UPC) cuando es bien calculada refleja el promedio del riesgo y del gasto esperado por el asegurador y no es un presupuesto contable como porfían los áulicos del Gobierno. Tercero: los recursos de la seguridad social son parafiscales, no están sujetos al presupuesto de la Nación y no puede modificarse su destinación porque ‘el Estado es un mero recaudador’.
La mayor claridad del concepto emanado fue sobre las reservas técnicas cuya finalidad “no es proteger el patrimonio social de las EPS”, tampoco el ‘respaldo y garantía del sistema’, como socarronamente ha querido pontificar este Gobierno porque la mejor garantía hubiese sido una adecuada financiación, una idónea regulación y una mayor transparencia en los pagos que hace la Adres. Las inversiones de reservas técnicas son instrumentos para provisionar fondos para el pago ordinario de obligaciones por la prestación de servicios. El Consejo enfatizó y reiteró que la liberación de reservas por parte de las EPS no solo es permitida, sino recomendable, para cubrir sus obligaciones. En otras palabras, las reservas que no circulen restan liquidez y solvencia al sistema.
El problema de fondo siempre ha sido el financiamiento de un sistema que promete mucho más de lo que puede responder financieramente hablando. Esto también ha sido agravado por dos ministros que destrozaron dos décadas de esfuerzo por hacer análisis ajustados de suficiencia de la UPC y en un Ministerio que solo tuvo dos momentos: uno, el modo reforma fracasada, gracias a todos, y otro, modo campaña, con un gasto en burocracia más desbordado que el propio salario mínimo. La inefable regla del dos.
De hecho, el Consejo de Estado además enfatizó en el calamitoso desfinanciamiento del sistema de salud que se agudizó dramáticamente durante el presente Gobierno, como también lo reiteró la misma Corte Constitucional en varias sentencias. No es algo que se pueda esconder así lo quieran. Así las cosas, es inevitable que el próximo Gobierno herede un profundo hueco financiero, con una institucionalidad moribunda, sin contar desafortunadamente con el acumulado de muertes evitables, el dolor y la desatención que será el legado del presidente Petro y sus ministros Corcho y Jaramillo.
A quien obtenga la Presidencia en este 2026 le corresponderá buscar recursos en el Costeau Chefcito. Tal vez una exministra —discípula también de Hipócrates— quien en su momento declaró que no se requerían recursos para la salud, pero que encontró copiosas fuentes aún indeterminadas para la consulta partidista, les pueda aportar su ‘mágica fórmula’.
