La muerte de Kevin Acosta no fue un accidente. No fue una fatalidad inevitable. Fue la consecuencia de decisiones políticas tomadas desde el Gobierno de Gustavo Petro, cuyos ejecutores fueron los ministros Carolina Corcho y Guillermo Alfonso Jaramillo. Kevin padecía hemofilia, y su muerte fue la ejecución consciente de un plan para arrinconar financieramente al sistema de salud, debilitar a las EPS y forzar un modelo ideológico de extrema izquierda, sin importar las vidas que se pierdan en el camino.
Mientras los hospitales acumulaban deudas impagables y los pacientes deambulaban en busca de medicamentos, el Gobierno prefirió la confrontación política antes que corregir el rumbo. Y lo más grave: frente al dolor de la mamá de Kevin, eligieron la estigmatización antes que la empatía. Señalaron en vez de asumir. Justificaron en vez de rectificar.
No fue solo un intento de reforma improvisada; ante la incapacidad de ganar en el Congreso, aplicaron una política sistemática de facto: asfixia financiera, concentración de poder, debilitamiento progresivo de las EPS y un discurso permanente de desprestigio contra el modelo vigente. Decían que no querían que la salud fuera un negocio, pero terminaron entregando las intervenciones a un grupo de bandidos. Lo que quedó en evidencia es que el problema no era el negocio, sino quién lo manejaba. No querían acabar la rosca; querían quedarse con ella. Esa es una de las grandes incoherencias de este Gobierno: satanizar un modelo mientras lo reemplazan por uno corrupto. Y frente a cada decisión hubo aplausos comprados, votos disciplinados y silencios cómplices.
A este festín de desidia se sumaron sectores de otros partidos que traicionaron sus principios. Una facción del Partido Conservador, dándole la espalda a su propia historia y a sus electores, se entregó a la mermelada oficialista. Levantaron la mano para validar el colapso a cambio de cuotas, convirtiéndose en cómplices de cada vida perdida.
Y ahora, como si nada hubiera pasado, con risitas cínicas y absoluta desvergüenza, muchos de los protagonistas aspiran al Congreso por el Pacto Histórico y por la lista de La Fuerza de la Paz, el partido liderado por Roy Barreras.
La principal responsable política es Carolina Corcho. Ejecutó la “crisis explícita” que anunció y hoy es la cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico. No puede ser que la gran protagonista de esta debacle termine premiada. ¿De verdad vamos a convertir las muertes que ya hemos visto —y las que podrían venir— en un escalón electoral? En democracia, la responsabilidad no se recompensa. Se asume.
Wilson Arias y Alfredo Mondragón fueron defensores irrestrictos desde el primer día de este modelo que hoy tiene a los hospitales sin recursos y a los pacientes sin atención oportuna. Respaldaron cada paso de esta agenda.
Martha Peralta, como presidenta de la Comisión Séptima del Senado, hizo todo lo que estuvo a su alcance para sacar adelante la reforma de salud del Gobierno, una iniciativa que siete valientes senadoras lograron hundir. Además, está investigada por el escándalo de la UNGRD.
Agmeth Escaf, desde la presidencia de la Comisión Séptima de la Cámara, defendió y pupitreó una reforma improvisada que nos devolvía al fallido Seguro Social.
María Eugenia Londoño, directiva de FECODE, aceptó un modelo de salud que hoy tiene en vilo la vida de miles de maestros y sus familias. Lo hizo porque el presidente Petro le entregó a FECODE el control del Ministerio de Educación; un canje político donde la salud de los docentes fue el precio a pagar. El colapso del Fomag no es un error técnico, es el resultado de ese pacto.
Luis Carlos Leal, desde la Superintendencia de Salud, fue el responsable de nombrar interventores corruptos bajo la falsa premisa de sanear el sistema. No se combate la deshonestidad reemplazándola por más de lo mismo; su gestión solo sirvió para profundizar la crisis y entregar el manejo de la salud a manos oscuras.
No basta con indignarnos. No basta con lamentarnos.
Cada ciudadano tendrá que decidir si está dispuesto a avalar con su voto a quienes promovieron este modelo, a quienes lo defendieron sin reservas y a quienes hoy pretenden que olvidemos el daño causado para atornillarse otros cuatro años en el poder. También tendrá que preguntarse si está dispuesto a respaldar a quienes cambiaron principios por contratos y favores. El voto es una validación política. Y toda validación implica asumir responsabilidad.
Nos prometieron convertir a Colombia en una “potencia mundial de la vida”. Pero la vida no se defiende debilitando hospitales, desfinanciando el sistema y generando incertidumbre en la atención. La vida no se defiende cuando las decisiones políticas terminan poniendo en riesgo a los más vulnerables.
Esta es la elección al Congreso más importante de la historia reciente de Colombia. No es una votación más. Es un punto de quiebre.
Lo que está en juego no es solo una curul. Es el rumbo institucional del país, la estabilidad de sectores vitales como la salud y la posibilidad real de ponerle límites a la improvisación, la corrupción y la incoherencia que hoy afectan al país.
El Congreso que elijamos será el contrapeso —o el cómplice— de lo que viene.
Colombia está en tus manos. ¡VOTA!
