Al sector salud le correspondió la carga más pesada del desgobierno del cambio. Por diferentes razones quedó atrapado entre las gabelas de la ideología y la intransigencia. Hoy, con una institucionalidad devastada y miles de pacientes en su mala hora, la salud representa el peor legado de la Presidencia de Gustavo Petro.
Positiva pero muy tardía ha sido la reacción de los diferentes actores del sistema. Muchos meses duraron los pacientes exponiendo la terrible situación de restricción en el acceso a los servicios de salud, el racionamiento y en muchos casos desabastecimiento de medicamentos. Hoy han levantado la voz los hospitales públicos, las sociedades científicas, entre otros, para exigir al Gobierno que asuma su responsabilidad durante los seis meses que le restan.
Porque este semestre final de gobierno puede ser el escenario de una crisis humanitaria de la salud —de incalculables consecuencias— como hasta ahora no se ha visto. Lo que ya estamos viendo puede superar la misma pandemia. Pero es una pandemia de muertos invisibles o invisibilizados detrás de las múltiples cortinas de humo del Gobierno y de la pelea política por la supervivencia de un sistema moribundo.
Los síntomas son ominosos: pacientes que no reciben sus medicinas que los lleva al deterioro de su salud; racionamiento de servicios con suspensión de los procedimientos que necesitan; agravamiento de su estado de salud; demanda explosiva de servicios colapsados de urgencias y, finalmente, la muerte. Fallecimientos que se van dando en medio de la desesperación de familias que hacen esfuerzos inconmensurables para tratar de pagar de sus propios bolsillos lo que el Estado no garantiza.
Mientras tanto, el Gobierno enfrascado en la dualidad de su tremenda incompetencia y la soberbia derivada de la frustración de sus planes iniciales para destruir el sector. De una fracasada primera etapa reformista, pasó a una segunda donde buscó controlar —a las malas-—el sistema de salud. Los resultados son terribles. En su momento lo advirtió la Procuraduría General de la Nación y, la semana pasada, la propia Contraloría General de la República hizo su enfático llamado de atención. Como si esto fuese poco, la Defensoría del Pueblo registró el número de tutelas más alto de la historia: cinco veces mayor que durante la pandemia por covid-19 y ni hablar de las quejas en la Superintendencia de Salud.
La respuesta de este Gobierno al auto del Consejo de Estado —que enfatizó que los fondos y reservas del sistema son para atender a los pacientes y no para guardarlos o malbaratarlos— ha sido completamente primaria, antitécnica, incluso bizarra: vanzar en la liquidación de las EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud demuestran también que hay un manto de oscuridad y unilateralidad en sus decisiones.
Esto plantearía un escenario orwelliano del fin del mundo. ¿Qué piensan hacer con los más de 30 millones de pacientes cubiertos por esas EPS?, ¿quién les va a garantizar los servicios? Los hospitales públicos que no han podido con algo más de un millón de desafortunados maestros cubiertos por el Fomag. Así fuese tan solo esta idea una calentura del presidente, por un lado, representa un reconocimiento del fracaso de las intervenciones pero, por otro, puede indicar una sombría estrategia de llevar al sistema a la insolvencia afectando particularmente a los hospitales públicos y privados que están cargando con los pacientes.
Muy significativas han sido las narrativas de agentes del Gobierno y sus áulicos atacando a los hospitales privados y a los públicos que se han manifestado a lo largo de la semana. Es claro que hoy no hay los recursos en las EPS intervenidas para pagar las deudas de los pasados tres años. La renuencia de la Nueva EPS para entregar sus estados financieros es absolutamente significativa. Y ha sido una historia repetida que una vez una EPS es liquidada, sus deudas tardan mucho en pagarse o no se pagan. De esta manera el Gobierno estaría pateando el balón de las deudas impagas hacia adelante, con una cartera que nunca ha sido tan alta como la acumulada en los pasados tres años.
La Corte Constitucional tendrá que pensar —de pronto— en una ECI, es decir, un estado de cosas inconstitucional frente al financiamiento y respuesta del sistema de salud. La crisis actual es mucho más profunda que la que llevó a la Corte a la Sentencia T 760 de 2008 y la emergencia social de 2011. El Gobierno ha demostrado una absoluta incompetencia, incapacidad y negligencia para el manejo de la crisis. Es urgente revisar temas como el régimen de solvencia de las EPS que permitiría liberar recursos de un régimen de patrimonio adecuado que en las actuales condiciones podría no aplicar. También es necesario parar el desangre de billones de pesos gastados en equipos básicos de salud que son solo mecanismos de contratación con fines netamente políticos.
La Corte debe parar la tomadura de pelo del Gobierno en semejante escenario de crisis no resuelta. Los pacientes están en una situación tan calamitosa que seis meses puede ser una eternidad.
