En Colombia, solemos hablar del desarrollo como si fuera únicamente una cuestión de recursos. Más presupuesto, más inversión, más programas. Sin embargo, la experiencia demuestra que el desarrollo no depende solamente de cuánto se invierte, sino de la estabilidad con la que se gobierna.
La estabilidad no es pasividad. Tampoco es ausencia de debate. Para un gobernante, es la capacidad de mantener reglas claras, coordinar instituciones y sostener proyectos más allá de los ciclos políticos. Sin esa base, incluso las mejores intenciones se diluyen en la improvisación.
Durante los últimos años, la estructura del Estado colombiano ha sido parte de un relato donde los gobiernos locales justifican su falta de gestión pública en la cantidad de recursos económicos adicionales que dispone el presidente de turno para su región. La descentralización está de moda, se ha convertido en una bandera transversal en los discursos políticos recientes. Desde distintas orillas ideológicas se reconoce la necesidad de fortalecer a las regiones y dotarlas de mayores herramientas para gestionar su propio desarrollo. Ese consenso se reflejó en el respaldo amplio que tuvo en el Congreso la reforma al Sistema General de Participaciones, apoyada por sectores de derecha e izquierda. Sin embargo, el proceso no se agota allí. Aún falta avanzar en la ley de competencias y en otros desarrollos normativos que requieren tiempo y acuerdos sostenidos.
Pero incluso si la descentralización se materializa plenamente en el papel, persistirá un desafío estructural: la dificultad histórica para articular esfuerzos entre los distintos niveles del Estado. Sin coordinación efectiva entre Nación, departamentos y municipios, la autonomía puede diluirse en fragmentación. Y sin estabilidad institucional en esa relación, la descentralización no se traduce necesariamente en desarrollo.
Cuando alcaldes, gobernadores y Gobierno nacional actúan como compartimentos aislados —o como rivales permanentes— los proyectos estratégicos se retrasan, se fragmentan o simplemente no avanzan. En cambio, cuando se logra una coordinación institucional seria, los resultados pueden ser transformadores.
Un ejemplo reciente lo ofrece la decisión conjunta entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el presidente Gustavo Petro, de avanzar en la recuperación del histórico hospital San Juan de Dios. Durante años, este complejo hospitalario fue símbolo de abandono e incertidumbre jurídica. Hoy, gracias a un acuerdo técnico que involucra cofinanciación entre la Nación y el distrito, se proyecta su reapertura como centro de atención, investigación y formación en salud. Más allá de las diferencias políticas que hayan existido en el pasado, lo relevante es que dos autoridades de orillas distintas coincidan en un propósito común: destrabar un proyecto con impacto nacional.
Incluso en contextos de alta polarización, la coordinación institucional ha permitido avanzar en proyectos estratégicos. Un caso análogo en Estados Unidos fue la modernización del aeropuerto LaGuardia, estructurada inicialmente durante la segunda administración de Barack Obama. Sin embargo, durante el primer mandato del presidente republicano Donald Trump, la ejecución del proyecto requirió continuidad en permisos federales, respaldo regulatorio y coordinación con el entonces gobernador demócrata Andrew Cuomo. La nueva Terminal B fue inaugurada en 2022, reflejando un proceso que trascendió administraciones y demostró que la estabilidad permite que las obras de largo alcance sobrevivan a las tensiones ideológicas.
La estabilidad política facilita la coordinación administrativa. La coordinación administrativa permite ejecutar proyectos estratégicos. Y los proyectos estratégicos son los que elevan la calidad de vida de las personas y fortalecen a las regiones.
La discusión, entonces, no es si Colombia necesita más instrumentos jurídicos. Los mecanismos existen: planes de desarrollo, marcos fiscales, sistemas de regalías, documentos de política pública. El desafío es hacerlos operativos con estabilidad real. En la práctica, eso implica tres acciones concretas por parte de los gobernantes: primero, respetar y mantener los proyectos estratégicos que ya cuentan con viabilidad técnica, incluso si fueron iniciados por administraciones anteriores; segundo, institucionalizar espacios permanentes de coordinación entre Nación y territorios para proyectos de alto impacto, con cronogramas públicos y seguimiento verificable; y tercero, separar la evaluación técnica de la lógica política inmediata, garantizando que las decisiones estratégicas respondan a criterios de planeación y no a coyunturas de confrontación.
Un país polarizado puede debatir intensamente. Eso es parte de la democracia. Pero un país que no logra estabilidad en sus relaciones institucionales termina atrapado en el corto plazo. Sin acuerdos básicos entre los distintos niveles del Estado, la planeación se debilita, la inversión se frena y la ciudadanía pierde confianza.
La estabilidad no elimina las diferencias; las ordena. No suprime el debate; lo encauza. No impide el cambio; lo hace sostenible.
Si queremos que las regiones ejecuten proyectos con relevancia nacional —hospitales, infraestructura, educación, innovación— necesitamos algo más que entusiasmo coyuntural. Necesitamos reglas previsibles, coordinación entre autoridades y visión de largo plazo que nos permita construir país en medio de las diferencias.
Porque al final, el crecimiento no depende únicamente de los recursos disponibles. Depende de la estabilidad que permite usarlos con inteligencia y sin cálculos políticos. En eso no debería haber divisiones: sin estabilidad no hay desarrollo.
