La democracia colombiana enfrenta una amenaza real. Al recurrir a decretos de emergencia económica para imponer reformas que el Congreso y la justicia ya rechazaron, el Gobierno está ignorando la separación de poderes. Esta estrategia no solo usurpa funciones legislativas, sino que evidencia un talante autoritario que debilita directamente a la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. No es solo un trámite administrativo; es la erosión sistemática de nuestra confianza en las instituciones.
Uno de los ejemplos más alarmantes de esta tendencia es el decreto de ‘expropiación exprés’, expedido bajo el amparo de la emergencia económica. Esta medida trasciende la preocupación política para instalarse en una grave vulneración jurídica: el debilitamiento de la propiedad privada.
Al facultar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para ocupar y expropiar predios destinados a reubicar poblaciones, el Gobierno introduce el ‘saneamiento automático’. Este concepto resulta un absurdo jurídico, pues permite que el Estado adquiera predios eliminando sus cargas legales de oficio, trasladando la responsabilidad de cualquier reclamación a los antiguos titulares y dejando al afectado sin posibilidad de accionar contra la entidad pública adquirente.
La protección de la propiedad privada no es un simple tecnicismo legal; es el blindaje de un derecho fundamental y la base esencial de cualquier sistema democrático. Lo que el actual Gobierno pretende mediante el decreto de ‘expropiación exprés’ es, en realidad, un desafío directo al orden constitucional. No solo busca implementar una norma que la Corte Constitucional ya declaró inexequible en el Plan Nacional de Desarrollo, sino que pretende aplicarla en todo el país, desbordando el límite geográfico de los siete departamentos bajo emergencia económica.
La Corte ha sido enfática: la expropiación por utilidad pública es posible, pero solo si respeta dos pilares: la justa compensación y el debido proceso. Al ignorar estos requisitos, el decreto no solo vulnera la Constitución, sino que incurre en una violación de los derechos humanos. Estamos ante un retroceso institucional que erosiona el fundamento básico de nuestra democracia: la seguridad de que el Estado protegerá, y no confiscará, el fruto del esfuerzo ciudadano.
Al analizar las razones de fondo por las cuales el Decreto 0174 de 2026 presenta serias falencias legales y constitucionales, la principal conclusión es evidente: el Ejecutivo ha desbordado sus facultades. Esta extralimitación genera una inseguridad jurídica sin precedentes para la propiedad privada en Colombia, otorgando un poder prácticamente ilimitado a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Bajo este decreto, la ANT adquiere la potestad de intervenir, adquirir e incluso expropiar predios rurales en todo el territorio nacional, y no solo en los siete departamentos afectados, para reubicar comunidades. Lo hace bajo el argumento genérico de la ‘protección de la producción agropecuaria’, llegando incluso a reorganizar y cambiar el uso del suelo de manera unilateral.
La gravedad del decreto reside en sus efectos inmediatos. Se establece un mecanismo de ‘limpieza’ registral mediante el cual el Estado ignora cualquier antecedente o vicio legal del predio para su uso inmediato. Además, se habilita la compra directa al omitir la licitación pública y, de manera alarmante, permite la adjudicación de bienes incautados a grupos criminales cuya extinción de dominio aún no ha sido sentenciada.
El futuro de esta norma es previsible: la Corte Constitucional deberá declarar su inexequibilidad. Sin embargo, el daño preventivo es incalculable. La ‘expropiación exprés’ sin garantías procesales ahuyenta la inversión y debilita la confianza en el Estado, recordándonos que, sin protección de la propiedad, el cimiento de la democracia se erosiona irremediablemente.
Los colombianos no podemos ser los ‘tontos útiles’ de una estratagema que el Gobierno sabe inconstitucional, pero que aplicará de todos modos bajo el amparo de la emergencia económica. Detrás de este decreto no hay un fin social genuino, sino un claro interés proselitista en un momento en el que el país se juega su futuro democrático. El presidente ha entendido que el populismo agrario rinde frutos electorales; de hecho, las encuestas ya favorecen a su candidato, Iván Cepeda, gracias a estas medidas de impacto popular.
Al entregar tierras, muchas veces expropiadas a opositores y grandes empresarios del agro, el Gobierno busca consolidar el apoyo de comunidades rurales y de sus aliados en la ‘Paz Total’, garantizando un control territorial y electoral decisivo para el próximo cuatrienio.
Lo que no pudo lograr mediante leyes en el Congreso, hoy lo impone por la puerta de atrás mediante argucias legales. La ‘expropiación exprés’ es, en última instancia, la herramienta para imponer una reforma agraria estructural a la fuerza, erosionando la propiedad privada para perpetuar un proyecto político.
Con la expedición de este decreto, el Gobierno ha sembrado una inseguridad jurídica total en Colombia. La incertidumbre no solo ahuyenta al inversionista nacional y extranjero, sino que condena a los actuales propietarios a un conflicto social sin precedentes: una disputa entre quienes cuentan con títulos avalados históricamente por el Estado y un Ejecutivo que hoy decide desconocerlos. Este debilitamiento institucional afectará, inevitablemente, el crecimiento del país.
Detrás de esta medida no hay un fin social, sino una clara intención de consolidar el poder electoral para asegurar la continuidad en cabeza de su candidato, Iván Cepeda. La propiedad es y seguirá siendo el fundamento de la libertad; sin su garantía, la democracia es una quimera. Las expropiaciones exprés, despojadas de un proceso judicial justo y de una indemnización adecuada, ponen en jaque la estabilidad del Estado y la confianza ciudadana.
Donde no se respetan los derechos de propiedad, ninguna democracia puede sostenerse. Es evidente: hemos abierto el camino hacia una dictadura que, bajo el velo de la emergencia económica, encontró la forma de implantarse.
SIN GARANTÍA DE LA PROPIEDAD, NO HAY DEMOCRACIA.
