La Registraduría, como ha sido usual, realizó los recientes comicios con eficiencia, celeridad, y, ante todo, transparencia. Todas las fuerzas políticas reconocieron los resultados como correctos; lo mismo hicieron los observadores internacionales, los medios de comunicación, los analistas independientes, en fin, la sociedad civil. Las cifras disponibles, así falte la definición de algunas curules, coinciden, en términos generales, con las encuestas de opinión. El fraude que denuncia el presidente habría tenido que ser extremadamente torpe, teniendo en cuenta que en el Senado la lista más votada fue la del Pacto Histórico; lo mismo posiblemente sucedió en la Cámara.
Que el resultado de las urnas haya sido correcto, a pesar de la compra de votos —una práctica creciente pero aún marginal— no significa que, aguas arriba, no haya habido coacción contra los ciudadanos ejercida por grupos delincuenciales, antes llamados “guerrilleros”. Peor aún: transgrediendo, hasta ahora de modo impune, la prohibición impuesta a los funcionarios públicos de actuar en política, el presidente lo viene haciendo en sus discursos y trinos; mediante el uso descarado de recursos públicos con fines proselitistas; y a través de una perversa estrategia encaminada a dañar la legitimidad de la Registraduría.
Para buscar remedio a este último abuso se adelanta un proceso judicial. Se pretende que Petro cese en sus descalificaciones, huérfanas de pruebas, contra la Registraduría. Temo, sin embargo, que ese remedio llegue tarde. Por eso propongo una vía complementaria, quizás más eficaz y expedita. El Procurador podría, de manera formal, amonestar al presidente para que se abstenga de conductas que perturban el funcionamiento de los comicios, un elemento central del sistema democrático. Y para que respete la intimidad de sus contendores, sean cuales fueren sus preferencias sexuales.
Para actuar de inmediato en esa dirección le basta invocar la Carta constitucional. Allí se estipula que le corresponde a ese alto funcionario “Defender los intereses de la sociedad”. Desde esta óptica goza de una amplísima capacidad de acción como poder autónomo e independiente de los otros poderes del Estado. Ese poder, en rigor, no está sometido a normas legales, aunque no puede desconocerlas; su naturaleza es política y moral.
Como la afirmación precedente tiene enormes consecuencias, advierto que el examen de la jurisprudencia constitucional conduce a pensar exactamente lo mismo: que el Procurador ejerce un poder de vigilancia que no es meramente administrativo y disciplinario; es un poder constitucional de control democrático, orientado a proteger el interés general, el principio democrático, la representación política, y la moralidad administrativa.
Es, en esencia, un poder político‑moral: político porque controla al poder; moral porque lo hace en nombre de la sociedad y de valores constitucionales superiores, como se lee en la Sentencia C.030/23:“A este organismo autónomo e independiente le compete ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular”.
Este es el camino adecuado. Acudir a la Comisión de Acusaciones es perder el tiempo. Por el contrario, un reproche público del Procurador al presidente y a sus cómplices, tendría efectos políticos y morales inmediatos, así carezca, como carece, de obligatoriedad: Esa es la ventaja de la alternativa propuesta.
Estamos frente a un desafío sin antecedentes a los valores democráticos de la Nación. Los objetivos son obvios: garantizar que el Pacto Histórico gane, sean cuales fueren los medios, los comicios presidenciales. Triunfar en ellos, a su vez, es indispensable para lograr la convocatoria por un Congreso intimidado (como ya sucedió con la reforma laboral) de una constituyente que, sin restricciones, se encargue de desmantelar la Constitución actual, convertir al Congreso en un organismo subalterno del Presidente, politizar el poder judicial, e instaurar un modelo en el que el gobierno sea regulador absoluto de la economía y su principal agente.
Petro, Cepeda y los suyos saben que les resulta difícil superar el techo del 35% de las preferencias electorales en una competencia equitativa y transparente. Por eso no pueden prescindir de la creciente corrupción, el incremento de una burocracia integrada por sus partidarios, y la difusión de mensajes tergiversados, y con frecuencia falsos, por los medios de comunicación del Estado y los bodegueros a los que remunera con nuestros impuestos. (Esto último corroborado por los observadores internacionales de las recientes elecciones).
Los anima, sin embargo, recordar que los comunistas en Chile, acudiendo a la asonada callejera, lograron la convocatoria de una constituyente. Y que Amlo, en Mexico, luego de capturar el parlamento, fue capaz de aniquilar la independencia del poder judicial. Asumo que esos líderes se preguntan: “¿si ellos pudieron porque no nosotros?” Se están moviendo conscientes de que la coyuntura actual les resulta singularmente favorable y difícilmente repetible.
Tengo confianza en que el Procurador actuará con celeridad en la dirección que sugiero. Tanto porque es urgente su actuación para evitar perjuicios que serían irreversibles; y porque su intervención sería coherente con una directiva suya del año pasado. No puede permitir que el propio presidente se burle de sus instrucciones. Los candidatos a la Presidencia, los partidos políticos, la sociedad civil y la opinión pública deberían movilizarse en la misma dirección.
Anuncio mi voto por Juan Daniel Oviedo para Vicepresidente de Colombia. Su jerarquía intelectual y moral es sobresaliente. Como ciudadano le pido perdón por los agravios que ha recibido de un presidente indigno. El mismo individuo que se atrevió a decirle al presidente de la Corte Suprema que no entiende como “un negro puede ser conservador.”
Epígrafe. Hoy cito a la Corte Constitucional, Sentencia C‑141/10: “La democracia puede ser destruida por quienes llegan al poder mediante procedimientos democráticos, cuando manipulan las reglas del juego para perpetuarse o eliminar los controles que limitan su poder”.