OPINIÓN

David René Moreno Moreno

Trashumancia partidista

La mejor forma de castigar la ‘trashumancia’ es negándoles los votos a quienes permanentemente cambian de partido, no por ideología, sino por beneficios personales.
11 de febrero de 2026, 11:00 a. m.

La campaña política nos está dejando muchas enseñanzas, pero tal vez la más importante es que para varios de los precandidatos esta es la mejor fuente de riqueza personal. La reposición por cada voto válido para las consultas presidenciales asciende a $8.287, lo cual se convierte en cifras astronómicas para los candidatos con alta votación. Vemos con tristeza que hay seudopolíticos que se presentan como candidatos en todas las elecciones, así nunca logren ser elegidos en las altas dignidades del Gobierno, pero para ellos es a todas luces un negocio muy lucrativo.

Impacta la ‘trashumancia partidista’ de algunos personajes que siempre están buscando la ‘sombra que mejor los cobije’ y que otorgue los mejores réditos en la repartición del poder y posiblemente de la riqueza. Hay políticos ‘profesionales’ que cambian de partido como cambiar de camisa, lo que demuestra que no les importa el país y mucho menos el bienestar de los ciudadanos, sino que van en búsqueda de su beneficio económico; emplean el mismo discurso colmado de promesas que nunca cumplen y que nadie les reclama, hablan mal de sus oponentes, hacen pactos amañados e ilusionan especialmente a los menos favorecidos con el embeleco de la igualdad social.

En la ‘trashumancia partidista’ no se respeta ninguna ideología, pues ‘los profesionales’ siempre buscan un partido que les permita ‘aterrizar’ sin grandes explicaciones, solo acordando jugosos compromisos futuros; en el caso de que les cierren las puertas de un partido, sin vergüenza y sin ponerse colorados, se dan maña para que otro partido los reciba o promueven la inclusión de un familiar o de un aliado político en su reemplazo, para estar siempre disfrutando de las mieles del poder. Esto es una burla a los electores que ofrecen voluntariamente su voto, inclusive a aquellos a los que les compran la conciencia ‘con sancocho o con billete’, así como se convierte en una ofensa a la política colombiana. De todas maneras, ‘los profesionales’ siempre viven ordeñando nuestros impuestos.

De acuerdo con reflexiones de la Comisión de Observación Electoral, para las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales hay 170 municipios que se encuentran en riesgo, bien sea por posible fraude o por acciones de violencia, de los cuales 81 son considerados en riesgo extremo. Colombia requiere unas elecciones libres y transparentes, sin la presión de las armas, sin la compra de votos, sin el empleo de ‘las bodegas’ para amenazar o para mentir, sin la manipulación de las actas o de los resultados, así como tampoco se puede permitir el empleo de la plaza pública para incentivar el odio o la lucha de clases.

La democracia peligra cuando se instrumentaliza el poder, esto es, cuando en forma irresponsable se utilizan las facultades que otorga un cargo, cuando se emplean los recursos o las mismas instituciones del Estado como herramientas para fines personales, para obtener beneficios políticos o para fines ilegítimos; esto implica la manipulación descarada de las normas y de las leyes, así como de las personas para el logro de objetivos particulares. Parece que esto ha sucedido con frecuencia inusitada en los alrededores del actual Gobierno y, aunque algunas personas lo denuncian, son muy pocos los resultados jurídicos que se conocen.

Este momento preelectoral nos permite abordar un tema por demás complejo: es la errada interpretación que muchos políticos y sus séquitos les dan a las normas para acondicionarlas a sus intereses, olvidando que los partidos no pueden estar por encima de la ley, que los razonamientos no pueden ser amañados para favorecer los deseos de tal o cual político o de su ideología partidista. Las interpretaciones de la ley no pueden ser amañadas para favorecer a personajes o a ideologías políticas. No se puede jugar con los colombianos como lo hizo Santos con el plebiscito por los acuerdos de paz, donde para validarlos dio un golpe de Estado.

Que ningún colombiano se quede sin votar, ni para las elecciones parlamentarias y mucho menos para las presidenciales.

Todos a las urnas para defender la democracia y las libertades.