En mi última columna del año anterior escribí sobre el fin del Foro de São Paulo y del Grupo de Puebla, a partir del cambio político que se viene produciendo en Sudamérica y Centroamérica. Un giro que abre la puerta a la implementación de modelos económicos de corte neoliberal, caracterizados por la revisión del gasto público y el impulso al crecimiento económico.
Ese fin se ratifica con lo ocurrido en Venezuela el pasado 3 de enero, cuando quedó en evidencia que el eje fundamental y principal financiador, durante los últimos años, de los países pertenecientes al Foro de São Paulo y al Grupo de Puebla tenía nombre propio: Nicolás Maduro.
El debilitamiento de ese eje no es casual. Responde al éxito de la estrategia geopolítica liderada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una estrategia que incluso ha llevado a que uno de sus más radicales contradictores, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, entienda que el camino que se venía transitando desde esa ideología progresista no tiene presente, y mucho menos futuro, ni para el territorio ni para el continente.
Y este giro ha sabido interpretarlo el presidente de Argentina, Javier Milei, quien viene trabajando en la conformación de un bloque de al menos diez países de América Latina con el objetivo de crear una organización denominada Repúblicas de América.
De este proyecto harían parte Chile, con José Antonio Kast; Paraguay, con Santiago Peña; Bolivia, con Rodrigo Paz; Ecuador, con Daniel Noboa; El Salvador, con Nayib Bukele; Perú, de manera temporal, con José Jerí; Panamá, con José Raúl Mulino; República Dominicana, con Luis Abinader; y Honduras, con Nasry Asfura.
No debe entenderse el concepto de “republicano” en los términos tradicionales del sistema político de los Estados Unidos, es decir, como una disputa entre republicanos y demócratas. En este contexto, el término hace referencia a una visión más conservadora y orientada al libre mercado, diametralmente opuesta a los ideales socialistas y populistas que han predominado en la región durante los últimos años.
Este nuevo enfoque tendría como ideario fundamental la libertad económica y política, y podría llegar a convertirse en una organización supranacional, con ciertas similitudes a lo que hoy representa la Unión Europea.
El presidente Donald Trump ha comprendido el interés de estos nuevos gobernantes latinoamericanos y coincide con su visión de consolidar un continente en el que se priorice la seguridad del comercio, el fortalecimiento de las relaciones regionales y la firma de acuerdos multilaterales que promuevan la inversión, el desarrollo y la cooperación.
Pero volvamos a la visión que plantea el presidente de Argentina, Javier Milei, sobre lo que debe ser este nuevo proceso para el continente. Esta propuesta se sustenta en varios criterios fundamentales.
El primero es la conformación de un gran bloque pro libertad, en el que los países que integren esta organización compartan valores comunes de libertad, democracia y economía de mercado. Sin lugar a dudas, estos principios representan hoy a la mayoría de los países del continente. En ese sentido, es posible que hacia finales del presente año se incorporen naciones como Brasil, Colombia y, por supuesto, Venezuela, país que en los próximos meses deberá definir su situación política, ya sea con la posesión del presidente electo Edmundo González o mediante la convocatoria a nuevas elecciones, en las que no puede descartarse que la ganadora sea María Corina Machado.
El segundo eje de este proceso es el fortalecimiento de la cooperación regional, priorizando los ámbitos económico, político y social, con el objetivo de contrarrestar el avance que ha tenido el socialismo en la región durante las últimas décadas.
Para ello resulta clave la consolidación de una alianza estratégica, como lo han manifestado varios de los presidentes de los países mencionados, con los Estados Unidos y su actual presidente, Donald Trump, basada en esquemas de cooperación y valores compartidos. Esto, sin embargo, no debe interpretarse como una dependencia total del gobierno estadounidense, lo cual sería un grave error. Por el contrario, esta integración no puede ni debe limitar las relaciones con los países asiáticos y europeos, fundamentales para el desarrollo y el equilibrio geopolítico de la región.
La unión de estados republicanos de América seguramente se sustentará en una serie de ideales que ya he mencionado anteriormente. Entre ellos, la libertad económica y el libre mercado, donde la propiedad privada y la limitación del intervencionismo estatal sean pilares fundamentales.
Asimismo, se buscará fortalecer la seguridad y la defensa regional para proteger al continente frente a amenazas comunes. En este punto, resulta clave el papel que viene desempeñando el gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, flagelos que se han convertido en los principales enemigos de la seguridad continental y que han impedido la consolidación de una democracia representativa y el fortalecimiento del Estado de derecho en la región.
Otro de los principios centrales de esta unión será la defensa de la libertad individual y la no injerencia excesiva del Estado en la vida de los ciudadanos. A ello se sumarán políticas orientadas al desarrollo sostenible, la unidad y el respeto por la diversidad, ámbitos en los que es necesario reconocer que se han logrado avances significativos en los últimos años.
Sin embargo, no puedo dejar de referirme a lo ocurrido en Venezuela el pasado 3 de enero, cuando el gobierno de los Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, dio por terminada una dictadura de más de 27 años en manos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Un régimen que convirtió al continente en un escenario permanente de disputas ideológicas y geopolíticas, amparadas en el discurso de la llamada Revolución Bolivariana y el socialismo del siglo XXI, que terminó siendo la base de una izquierda radical en la región.
Las consecuencias de este hecho serán profundamente positivas para América Latina. Se producirá un debilitamiento significativo de la influencia de potencias como Rusia, Irán y otras naciones que se convirtieron en aliadas estratégicas del socialismo del siglo XXI y, particularmente, de la dictadura venezolana. Sin lugar a dudas, este escenario dará paso a una reorganización regional con un claro giro ideológico, que se verá reflejado en los procesos electorales que tendrán lugar en los próximos años en el continente.
Ese mismo fenómeno ya comienza a evidenciarse en nuestro país, donde un presidente claramente debilitado tendrá que ceder ante la presión del gobierno de los Estados Unidos. Esto no solo marcará el fin de una alianza estratégica y geopolítica con el régimen de Maduro y todo lo que esta representaba, sino también el colapso de la llamada política de “paz total” con narcoterroristas y narcotraficantes.
No tengo ninguna duda de que una de las condiciones que impondrá el gobierno estadounidense en su lucha contra el narcotráfico será una acción frontal y decidida por parte del actual gobierno, encabezado por Gustavo Petro, contra quienes hasta hoy fueron sus aliados en ese fallido proceso de paz.
Ello traerá consecuencias políticas evidentes, como ya lo demuestra la encuesta publicada por esta revista el pasado fin de semana, en la que queda claro que, tanto en primera como en segunda vuelta, los candidatos del presidente no tienen ninguna posibilidad de continuar en el poder.
Según esa proyección, y salvo una unión antes de la primera vuelta, escenario que hoy no parece viable, a la segunda vuelta llegarían Abelardo De la Espriella y el ganador de la Gran Consulta por Colombia. El camino está trazado: unidos en la oposición, es momento de retomar el rumbo.
