La reciente operación para la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela puede considerarse un modelo de eficacia. Sin bajas americanas, y con pérdidas civiles casi inexistentes, el resultado sugiere una posibilidad de transición democrática para el país sin conflictos ni disturbios. Sin embargo, el camino hacia esta transición de poder requiere esclarecimiento.
Es evidente que, si Estados Unidos opta por dejar fuera de su estrategia a los alfiles de Nicolás Maduro, el escenario se tornaría complejo. Aquellos que se benefician de la actual hegemonía chavista, especialmente en los sectores militares, difícilmente cederán su poder sin resistencia.
En este contexto, la decisión del presidente Trump de no considerar a María Corina Machado como figura representativa en el proceso de transición resulta prudente. Su inclusión podría obstaculizar la paz necesaria para el cambio, poniendo en riesgo los avances logrados. Es crucial, en estos momentos, asegurar el control de las Fuerzas Armadas y entender las estructuras de corrupción y saqueo que han asediado al país durante años.
Desestimar a María Corina en esta fase inicial no significa ignorar su potencial. Se anticipa que, en futuras elecciones, su llegada al poder será inevitable. No obstante, el primer mandato en esta nueva Venezuela exigirá decisiones difíciles, que posiblemente no se puedan tomar en un marco democrático convencional. La reconstrucción institucional requerirá un enfoque radical más que una mera recuperación de lo existente.
Entre las decisiones difíciles que se presentan está el manejo que se le va a dar a los mandos medios chavistas que se han tomado las instituciones. Alinear a los alfiles del chavismo no garantiza controlar el país y sus instituciones, y entre los beneficiados de las Fuerzas Armadas, colectivos armados, funcionarios chavistas y beneficiarios del régimen bien podrían impedir una transición pacífica a la democracia.
Desde la perspectiva del Gobierno Trump, María Corina podría representar un desafío mayor que chavistas como Delcy Rodríguez, cuya lealtad es más manejable en la toma de decisiones difíciles. Así, el control sobre los recursos naturales, particularmente en petróleo y minería, se convertiría en un bien para el pueblo venezolano, a pesar de los comentarios mal informados del progresismo. Como ocurrió con el Plan Marshall en Europa, la cooperación estadounidense podría venir acompañada de conocimientos e inversiones que revitalicen el aparato productivo venezolano, devastado por la corrupción del chavismo.
A un precio de sesenta dólares por barril, si la producción alcanza los tres millones diarios, Venezuela podría generar ingresos de aproximadamente 65.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones se destinarían al Estado. Este capital representa una oportunidad crucial para reconstruir el país. La inversión en los sectores petrolero y minero detonaría un crecimiento económico imprescindible para el desarrollo sostenible.
Es indiscutible que Estados Unidos también se beneficiará de su intervención en Venezuela. Sin embargo, este tipo de inversión es el camino más adecuado para la restitución del bienestar de los venezolanos, un paso esencial para edificar una democracia participativa comprometida con sus ciudadanos. Las críticas hacia Estados Unidos por aprovecharse de los recursos naturales de Venezuela son infundadas y surgen de una perspectiva colonialista que ignora la realidad del mercado global contemporáneo.
Finalmente, otro logro significativo para Estados Unidos es evidenciar que China ha sido un aliado poco fiable en América Latina. Tras entablar relaciones con el régimen chavista, al primer signo de crisis, China abandonó a su suerte a los venezolanos. La intervención estadounidense reafirma que continúa siendo el aliado más confiable para el continente, ofreciendo una alternativa real para la prosperidad y el desarrollo de la región.
