OPINIÓN

Aurelio Suárez Montoya

Voto por los auténticos rebeldes

Entre 2022 y 2026 se recrudecieron en Colombia las humillantes características de un país subordinado: no tenemos soberanía alimentaria, ni energética, ni económica.
21 de febrero de 2026, 6:48 a. m.

Votaré por el Movimiento Agrario e Indígena por la Soberanía, que inscribió una lista al Senado en la circunscripción especial indígena. Es la única opción que explica que un cambio genuino requiere conquistar la plena soberanía nacional. Porque sin autodeterminación para fijar las políticas principales, persistirán los males que fustigan al país, al prescindir del progreso general como primer objeto. Bien decía Carlos Gaviria: “La soberanía es a las naciones lo que la dignidad es a las personas”.

Coincido en que, dadas las actuales circunstancias de Colombia, no hay camino diferente a la resistencia civil para proteger los justos intereses colectivos, defender los derechos fundamentales y detener el saqueo de las riquezas y los recursos. Una resistencia libre de manipulación gubernamental, que encuentra mecanismos de apoyo en la participación electoral y la labor parlamentaria.

Entre 2022 y 2026 se recrudecieron en Colombia las humillantes características de un país subordinado: no tenemos soberanía alimentaria, ni energética, ni económica. Nuestra provisión de alimentos básicos es foránea, como también lo son el 17 por ciento del gas y el 40 por ciento de la gasolina, y el centro de la política económica es servir la creciente deuda pública. Importamos la mitad de las manufacturas –equipos, intermedias y de consumo– y se permitió el fortalecimiento de la posición dominante de las transnacionales en finanzas, servicios públicos, comunicaciones y el transporte férreo.

Los lineamientos fiscales, de seguridad social y del régimen laboral son dictados por la tecnocracia del FMI, del BID, la Ocde y el Banco Mundial. Todo en estricta concordancia con los TLC que, desde 2012 con Santos, reforzaron la catastrófica apertura que César Gaviria instauró.

Pero la mayor sumisión se da en seguridad y defensa. Los generales del Comando Sur de Estados Unidos mandan y desmandan. Esta injerencia se agravó tras la reunión de Petro y Trump, que retomó la línea nixoniana de la “guerra contra las drogas”, financiada con 29 billones de pesos en compras proyectadas de armamento (aviones Gripen + Conpes).

El Movimiento Agrario e Indígena por la Soberanía está compuesto por exgobernadores y comunidades indígenas de Nariño y Cauca, el partido Colombia Soberana, pueblos wayú de La Guajira, lecheros, cebolleros, cacaoteros y paperos cundiboyacenses. A ellos se suman caficultores de Risaralda, Tolima y Caldas, arroceros del sur del Tolima y delegados de la Federación de Parameros del Nororiente. Además, lo integran la Alianza Magisterial y Sindical de Norte de Santander, dirigentes sindicales, docentes y líderes de pensionados del magisterio, alentados por los luchadores que se han movilizado estos años a lo largo y ancho de Colombia.

La lista la encabeza el senador Richard Fuelantala, distinguido por su consecuencia con la lucha social y los debates contra el modelo agrario de libre comercio. Se opuso a las arbitrariedades oficiales y a los impuestos contra la producción y respaldó el reclamo de precios justos para los combustibles. Su postura de actuar siempre “del lado de la gente” le costó el veto del partido Aico, que lo apartó.

En el segundo renglón está Jesús Guevara. Un campesino minifundista cafetero de Quinchía (Risaralda), líder incansable de las luchas gremiales desde 1980. Con “vida sencilla y trabajo duro” fue diputado departamental y concejal de su municipio, donde fue condecorado como “ciudadano ejemplar”. “Chucho”, como le dicen con aprecio, es además destacado defensor del agua y del medioambiente.

El tercer renglón lo ocupa Zunilda Amaya Uriana. Esta trabajadora social de la Universidad de La Guajira es defensora del derecho a la educación y la alimentación de la niñez wayú, del acceso al agua, del territorio ancestral y contendiente contra los desalojos de las comunidades sin resguardo.

La lista tiene el respaldo político de figuras como Jazmín Romero Epiayú –lideresa wayú y premio de derechos humanos de Amnistía Internacional–; el dirigente tolimense Miguel Gordillo; el pintor Felipe Arango, la escritora Luisa Pinzón y el ensayista Juan Antonio Escobar. Asimismo, del dirigente y columnista santandereano Juan Sebastián López; el experto académico Andrés Bodensiek; el líder cafetero Duberney Galvis y el creador de contenido Eduardo Mestre (@Otrapreguntaamigo). También de los abogados laboralistas Manuel Sarmiento y Sebastián Galeano; del veedor de la salud del magisterio Dimas Arias; de César Collazos, dirigente de la CUT; del abogado y columnista de Medellín Alberto Morales y de Ana Sofía Castañeda, coordinadora del colectivo Unas Tales Feministas.

Que se unan más voces a esta corriente rebelde que, como dice Fuelantala: “Mientras unos compran votos, nosotros explicamos las reales causas del atraso de Colombia”.