El 7 de junio de 2012, el periodista Wilmar Vera se encontraba en su lugar de trabajo, la Corporación Universitaria Lasallista en el municipio de Caldas, al sur de Medellín. Allá era profesor en el programa de Comunicación Social. Los agentes de la Sijín llegaron a capturarlo por un crimen que no cometió. Lo llevaron al aeropuerto Olaya Herrera. Lo montaron esposado a un avión Cessna monomotor de la Policía. “Cuando decolamos y la aeronave se dirigió hacia el sur, en la ventanilla, mientras alcanzaba la
altura de crucero, contemplé la ruta a mi casa recorrida esa mañana sin saber que iba a ser la última vez por mucho tiempo. Lloré inconsolable”, escribió Vera en el libro que acaba de publicar sobre las arbitrariedades que padeció por cuenta de la Fiscalía*. El avión aterrizó en Pereira. Tres días después, Vera despertó en la cárcel de San Bernardo, en Armenia. Allá pasó 27 meses injustamente detenido.
La Fiscalía lo acusó sin fundamento de haber contratado al sicario que mató en Pereira a un candidato al concejo. Vera conocía al candidato. Años antes, Vera había sido profesor en Pereira en la Universidad Católica Popular del Risaralda y en la Universidad Tecnológica de Pereira. El occiso fue alumno suyo y le propuso que entrara como socio en un negocio. Vera hizo el aporte. El negocio se quebró. Hubo otros socios. La Fiscalía nunca probó que Vera viajó de Medellín a Pereira a contratar el sicario. El sicario dijo haberse reunido con Vera en Pereira en dos fechas. En una, Vera demostró que estaba en Medellín en el cumpleaños de su hija. En la otra probó que había firmado unas planillas en la universidad. La Fiscalía se encarnizó contra Wilmar Vera.
Escribe el periodista: “Fui absuelto en 2014 y en mayo de 2020, en plena pandemia, el magistrado Manuel Yarzagaray Bandera, del Tribunal Superior de Pereira, ratificó mi inocencia en segunda instancia, ante el reclamo absurdo de los representantes de la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas. Durante esos años, al menos una vez al mes, emergían desde mi subconsciente pesadillas en las que seguía encarcelado, estaba yendo a la cárcel porque la liberación había sido una fantasía o me detenían porque me había revocado la absolución”.
Sigue diciendo Vera: “El martes 13 de mayo de 2025 en una tercera ocasión me absolvieron. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Barbosa Castillo, leyó la ponencia: ‘Debe sostenerse la absolución del acusado’”.
Trece años duró este viacrucis, que afectó a Wilmar Vera, a sus padres, a su hija, Manuela, y a su esposa, Ángela. Afectó también a sus demás familiares, a sus amigos, a sus alumnos y a todos los colombianos que quedamos notificados de que la Fiscalía, como si estuviéramos en una dictadura militar, puede conducir a la mazmorra a un ciudadano de bien sin que exista una prueba medianamente creíble. La arbitrariedad manifiesta de la Fiscalía también garantizó la impunidad en el caso del candidato a concejal asesinado en Pereira. Por acusar sin pruebas a un inocente como Wilmar Vera, no se investigó a los verdaderos mandantes del homicidio.
Estas privaciones injustas de la libertad no son un caso aislado. Todo lo contrario. Son muy frecuentes. Las víctimas, una vez demostrada su inocencia, demandan a la Fiscalía en acciones de responsabilidad civil extracontractual y obtienen indemnizaciones, eso sí, luego de esperar 15 o 20 años, porque eso es lo que tardan las demandas en ser decididas por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado. Como después viene otra larga espera –el pago de la indemnización–, muchas víctimas negocian con descuento la sentencia, que es un título ejecutivo, con el fin de recibir algo de dinero. Son numerosas y cuantiosas las condenas contra la Fiscalía por sus abusos. En 2019, la ley de presupuesto autorizó emitir deuda pública para pagar las condenas que estuvieran en mora. Las condenas a cargo de la Fiscalía valían en ese momento 111.000 millones de pesos. El Ministerio de Hacienda emitió TES o títulos de deuda pública para cumplir con esos pagos. En resumen, la arbitrariedad de la Fiscalía no solamente la pagan los ciudadanos sometidos al régimen caprichoso de capturas a inocentes, sino que la pagamos todos con los impuestos requeridos para indemnizar a las víctimas. Actualmente, hay más de 5.000 turnos de pagos programados y cada día se reciben 17 nuevas cuentas por pagar. Son datos de la página web de la Fiscalía. Pero llenémonos la boca de palabras: Colombia es un Estado social de derecho.
*Wilmar Vera Zapata, ¡Soy inocente! Crónica de un falso positivo judicial, 2025.
