El próximo 7 de agosto, el Pacto Histórico se enfrenta a un cuestionamiento moral y político de gran calado que resulta imposible de evadir mediante retórica. Tras cuatro años al frente del Gobierno, su gestión queda señalada por una acumulación de denuncias probadas y contundentes sobre corrupción que desbordan los simples ataques de la oposición. Irregularidades en contratación pública, licitaciones dudosas y nombramientos cuestionables no provienen únicamente de sus detractores, sino del seno de la propia coalición y de colectivos que fueron sus aliados clave.
La promesa de erradicar el clientelismo terminó siendo un completo engaño para la ciudadanía. Por el contrario, la burocracia se expandió con el único propósito de perpetuarse en el poder, manteniendo cargos innecesarios ocupados por figuras controvertidas como las conocidas jóvenes Guerrero o la familia Muñoz, a lo que habrá que sumar nuevos hallazgos cuando concluya la auditoría forense anunciada por la administración entrante.
A esta compleja situación se añade la implementación de la política de Paz Total, la cual elevó a estructuras delictivas, tales como el Clan del Golfo, facciones disidentes de las Farc, el ELN y bandas dedicadas al narcotráfico, al estatus de interlocutores válidos del Estado. Lo más grave reside en que el propio mandatario saliente fue objeto de graves incriminaciones realizadas por integrantes de su círculo más íntimo. Estos acontecimientos no representan un asunto menor: constituyen el eje imprescindible para examinar si Gustavo Petro, Iván Cepeda y el Pacto Histórico poseen la autoridad ética, jurídica y moral requerida para convocar a la desobediencia civil o pretender encabezar el liderazgo de la oposición.
En su célebre ensayo redactado en 1849, Henry David Thoreau sostuvo que la desobediencia civil no constituye un recurso automático reservado a quien abandona la administración pública, sino la obligación ineludible de todo individuo que reniega de ser cómplice de la injusticia. Según su planteamiento, ningún ciudadano debe someter su conciencia individual al Estado cuando las leyes se transforman en herramientas de opresión o corrupción. Thoreau asumió plenamente las consecuencias de sus ideales: sufrió prisión por negarse a pagar impuestos destinados a financiar el sistema esclavista y la guerra. Es fundamental recordar que jamás adoptó tal postura tras haber administrado las arcas que sostenían ese mismo régimen.
La desobediencia civil genuina exige una absoluta coherencia moral. Quien decide invocarla no puede haber sido parte del sistema que pretende denunciar. Líderes como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Lech Wałęsa o Václav Havel actuaron desde referentes que guardaban una incuestionable integridad: ejercieron la resistencia desde fuera del poder o bien respaldados por trayectorias ajenas a las prácticas que combatían. Ni Petro ni Cepeda cuentan con la trayectoria para erigirse en representantes de esa tradición histórica. El Pacto Histórico carece de las condiciones mínimas que la doctrina de Thoreau requiere.
En primer lugar, la acumulación de denuncias por corrupción invalida cualquier pretensión de superioridad moral. Thoreau afirmaba que el ciudadano no debe apoyar con su patrimonio ni con su persona las dinámicas injustas. Un proyecto que prometió combatir el clientelismo para terminar replicándolo incurre en una insostenible contradicción de fondo. En segundo lugar, la Paz Total transformó a bandas criminales en actores políticos. Semejante determinación no representa un acto de resistencia frente a la tiranía, sino la institucionalización formal del vínculo con el delito. Quienes otorgaron legitimidad a dichos grupos no pueden invocar de manera coherente el principio de no colaboración con la injusticia.
En tercer lugar, los señalamientos expresados por colaboradores cercanos al presidente saliente desmoronan la hipótesis de una persecución política impulsada desde el exterior. Cuando las acusaciones surgen desde las propias entrañas del movimiento, el discurso del victimismo pierde toda sustentabilidad. En cuarto lugar, la aspiración de liderar la oposición no surge de forma automática tras una derrota en las urnas.
La conducción opositora se edifica sobre la coherencia y la ausencia de cuestionamientos de índole legal, financiera, penal o de seguridad. Una agrupación política rodeada de tales sombras carece del respaldo necesario para autoproclamarse garante de la democracia o convocar a la resistencia civil.
Por estos motivos, el Pacto Histórico carece de la legitimidad que Cepeda invoca para situarse al frente de la oposición. Corresponde a la ciudadanía no otorgarles dicho papel por mera inercia. Asimismo, los partidos políticos y las organizaciones sociales ajenos a esta administración tienen el deber de emplear las vías jurídicas correspondientes para evitar la consolidación de un liderazgo que los hechos desmienten.
Thoreau dejó claro que el ciudadano consciente no aguarda la sanción de las mayorías para actuar; sin embargo, también enfatizó que nadie puede exigir idoneidad moral mientras continúe atado a las prácticas que pretende cuestionar. Cuando un movimiento sobrecargado de cuestionamientos acude a la desobediencia civil, no defiende un valor democrático: intenta transfigurar una debilidad política en bandera de virtud.
Las protestas promovidas en Bogotá, Cali y Barranquilla no constituyen una expresión genuina de desobediencia civil. Quienes convocan carecen de la estatura ética y política para liderarla. Se trata de un intento deliberado por manipular el descontento popular, utilizando la misma fórmula empleada en el pasado. No es resistencia auténtica, sino el simple reciclaje de una táctica conocida. Por todo ello, la desobediencia civil invocada por este sector se encuentra, inequívocamente, en manos sucias.