En buena parte del electorado de Iván Cepeda se ha arraigado una lectura simplificada de la lucha de clases: la pobreza es causada por “los privilegiados” y el papel del Estado es redistribuir una torta de bienestar que sería fija e inmodificable.
Esa narrativa —que ha tenido eco por décadas en aulas, discursos y redes— reduce problemas complejos a una explicación moralizante y fomenta resentimiento más que soluciones efectivas.
Hechos y matices necesarios. Primero, la acumulación de capital en muchos casos responde a trabajo, emprendimiento e innovación. Economías abiertas y con mercados relativamente libres han permitido que creadores de valor vean recompensado su esfuerzo, generando empleo y bienes para la sociedad. No es una defensa acrítica del capitalismo —las fallas, los monopolios y la corrupción existen—, pero la simplificación de atribuir toda desigualdad a “los ricos, la ultraderecha, los de siempre”, oculta la dinámica real de creación y destrucción de bienestar.
Segundo, el crecimiento del bienestar depende en buena medida de la organización institucional: seguridad jurídica, independencia judicial, eficiencia del Estado y estabilidad macroeconómica. Países que han mejorado la vida de sus ciudadanos lo han hecho, en su mayoría, combinando mercado con políticas públicas eficaces. Las etapas de crecimiento rápido en Corea del Sur, los tigres asiáticos o la apertura económica de algunos países europeos del Este no se basaron en la expropiación generalizada, sino en reformas que estimularon inversión, educación y competitividad.
Tercero, la concentración de poder político y la captura de instituciones generan riesgos reales para la prosperidad. En la región hay experiencias donde la debilitación de contrapesos institucionales acompañó retrocesos económicos y civiles: tendencias autoritarias en Venezuela, Nicaragua y Cuba, y crisis recurrentes en contextos en los que la gobernabilidad institucional se fracturó. La captura de cortes, órganos de control y bancos centrales reduce la predictibilidad necesaria para la inversión y la generación de empleo. Es la ruina del bienestar para la gente y el Pacto Histórico está tras de ello.
El programa público y el discurso político importan porque modelan incentivos y comportamientos. Un relato que infantiliza al ciudadano y asigna culpas colectivas favorece soluciones populistas o la concentración de poder como vía “rápida” para corregir desigualdades, en vez de priorizar reformas institucionales sostenibles, inversión en educación y políticas focalizadas para la inclusión.
No se trata de estigmatizar la protesta social ni desatender las injusticias históricas: Colombia requiere políticas redistributivas inteligentes, mejores instituciones y combate firme a la corrupción. Pero conviene alertar en mayúscula: apoyar proyectos que buscan el control absoluto de las instituciones por vías partidistas, como el del Pacto Histórico, terminará minando las garantías básicas para el crecimiento y para la protección de los más vulnerables.
Queda la pregunta para cada ciudadano: ¿prefiero soluciones simplistas que identifican un enemigo único y promueven la concentración del poder, o reformas que fortalezcan instituciones, promuevan la movilidad social y garanticen derechos sin sacrificar las libertades que permiten prosperar a la sociedad? Esa decisión define no solo un ciclo político, sino el horizonte de vida de las próximas generaciones. Esto no es un consejo, es un ruego a todos los colombianos para que no tomen el camino de la ruina.