Dos fechas coinciden el 20 de julio y ninguna es casualidad. Ese día se instala el nuevo Congreso de la República. Y ese mismo día llegan nuevos integrantes a la única entidad en Colombia con la facultad constitucional para investigar a los altos funcionarios del Estado, entre ellos, el presidente de la República: la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Hace pocos días radiqué, como presidente del Concejo de Medellín, una denuncia formal contra el mandatario, por desconocer los resultados electorales certificados. No lo hago por revancha. Lo hago porque este país ya conoce el final de esta película, y necesitamos que, esta vez, termine distinto.
Llevamos desde agosto de 2022 acumulando expedientes contra Petro: financiación irregular de campaña, indebida participación en política y, desde 2025, la denuncia que yo mismo radiqué el 22 de junio por el llamado “tarimazo” de Medellín, donde el presidente compartió tarima con cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá. Ese proceso —el expediente 6992— es, hasta hoy, el único entre más de doscientas denuncias contra el jefe de Estado que ha logrado avanzar a la etapa de recolección de pruebas. No porque falten hechos ni pruebas en los demás, sino porque la voluntad política para tramitarlos, sencillamente, no ha existido.
Y no hace falta especular sobre esa falta de voluntad: basta con mirar quién ha pasado por esa Comisión. Wadith Manzur, quien terminó preso por el saqueo a la UNGRD, después de que el propio exdirector de esa entidad lo señalara de haberse “vendido” al Gobierno para proteger al presidente; su salida desbarató de un golpe las mayorías que Petro tenía garantizadas en ese estamento. Gloria Arizabaleta encabezó el triunvirato que investiga la financiación irregular de la campaña de 2022 y terminó suspendida en medio del escándalo. María Eugenia Lopera, congresista liberal que ha sido pieza clave para sacar adelante las reformas del propio Gobierno que debería investigar. Y cuando la Procuraduría inspeccionó los archivos, encontró expedientes sin fecha de apertura clara y abrió una indagación disciplinaria contra los propios representantes investigadores: quienes debían vigilar al presidente terminaron, ellos mismos, bajo sospecha.
El fuero presidencial existe para proteger la institucionalidad, no para blindar la impunidad.
Por eso creo que el debate está mal enfocado. Buena parte de la clase política ha concentrado estos últimos días su energía en disputar las presidencias del Senado y de la Cámara, como si ese fuera el verdadero premio del 20 de julio. Se equivocan. Lo que de verdad decide si Colombia tiene, por primera vez, una oportunidad real de adelantar un juicio político serio por las conductas que se investigan al presidente durante su mandato es la conformación de la Comisión de Investigación y Acusación —integrada por 18 congresistas—, no quién preside cada corporación. Y el reloj corre: entre la instalación del nuevo Congreso y el fin del mandato de Petro, el próximo 7 de agosto, apenas quedan 18 días. Es, literalmente, la última ventana en la que esa comisión puede actuar mientras el investigado siga siendo presidente.
Le hago un llamado directo al nuevo Congreso que se instala el 20 de julio: la Comisión de Investigación y Acusación no puede seguir siendo el cementerio de la impunidad. No basta con jurar la Constitución si la primera tarea es enterrar otro expediente en un cajón. Les exijo a los nuevos representantes voluntad política real, celeridad y resultados; y esos solo se consiguen si el Centro Democrático, Creemos, Salvación Nacional, Cambio Radical y la U actúan coordinados, en lugar de dispersar sus votos en peleas menores por protagonismo.
Colombia no necesita otra comisión que absuelva por costumbre. Necesita una que, por fin, se atreva a investigar y a acusar cuando hay motivos para hacerlo. Este 20 de julio no se decide solo quién preside una célula legislativa: se decide si, en este país, investigar al presidente sigue siendo un saludo a la bandera.